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Limita Madrid las operaciones en efectivo
El incumplimiento de esta norma, que será aprobada mañana por el Consejo de Ministros, se castigará con una multa equivalente al 25% de la cantidad abonada, adelantó Rajoy durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.
El jefe del Gobierno defendió en el Parlamento la controvertida «amnistía fiscal», muy criticada por la oposición de izquierda, anunciada en el marco de los presupuestos generales del Estado para 2012 como medida para contribuir a reducir el déficit público.
Rajoy señaló que la amnistía es una medida «extraordinaria y excepcional», que sólo estará en vigor durante este año y que ya fue aplicada por otros países, como Estados Unidos, Alemania e Italia, además de ser recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El jefe del Ejecutivo justificó la amnistía fiscal en la situación «muy difícil» en que se encuentra España, obligada a reducir el déficit público este año del 8,5% al 5,3% del PBI y en 2013 al máximo del 3% que permiten los criterios de convergencia de la Unión Europea.
El Gobierno español pretende recaudar mediante la amnistía fiscal unos 2.500 millones de euros aplicando un «gravamen» de entre el 8% y el 10% al dinero negro escondido en España o en el exterior que se declare ante Hacienda.
A su vez, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alegó que la «regularización de activos ocultos», expresión que utiliza para evitar el término «amnistía fiscal», sirve para mantener los servicios y no subir más los impuestos.
El líder del partido opositor Izquierda Unida, Cayo Lara, expresó su rechazo total a la amnistía fiscal calificándola como una medida «injusta, ineficaz e inconstitucional» que «premia el fraude».
«Somos conscientes de la situación de gravedad, pero la amnistía fiscal permite que nos sigan robando a todos con impunidad. El problema del fraude no se resuelve recortando el presupuesto de la Agencia Tributaria y perdonando a los defraudadores», dijo el líder izquierdista a Rajoy durante el debate parlamentario sobre los presupuestos del Estado para 2012, presentados el pasado 30 de marzo.
Los presupuestos, cuya aprobación por el Parlamento está asegurada ya que el PP tiene una holgada mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, prevén un ajuste de 27.300 millones de euros, producto de un recorte del 16,9% de los gastos de los ministerios y una suba del impuesto de sociedades, fundamentalmente.
En diciembre pasado, pocos días después de asumir, el Gobierno de Rajoy ya había aprobado un primer plan de ajuste para el primer trimestre de 2012 por un monto de 15.000 millones de euros.
El Ejecutivo decretó más tarde una reforma laboral, que abarata y facilita el despido, y otra financiera para el saneamiento de los activos inmobiliarios tóxicos. También está prevista, en las próximas semanas, la aprobación de una ley de estabilidad presupuestaria que obliga a todas las entidades de la administración pública a respetar el principio de déficit cero a partir de 2020.
Adicionalmente, el Gobierno anunció el lunes que en breve adoptará medidas, aún sin precisar, para ahorrar 10.000 millones de euros en educación y salud pública, que han desatado la alarma en la oposición de izquierda liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Todas las medidas de ajuste y reformas acometidas hasta ahora por el Gobierno español no impidieron que los inversores aumentaran su presión sobre España el martes, cuando la prima de riesgo, la diferencia de rentabilidad entre el bono español a diez años y su equivalente alemán, se disparó a su mayor nivel desde agosto pasado. Ayer, en cambio, los mercados le dieron una tregua a España.
Agencia DPA
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