Llevaron a relator de la ONU escuchas de AFI a abogados

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El abogado Alejandro Rúa alertó a la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados por las últimas pruebas de espionaje ilegal a dirigentes políticos y empresarios detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según pudo saber Ámbito, el abogado de Amado Boudou y otros encarcelados durante la gestión de Cambiemos envió una nota a la oficina en Suiza del Relator Espacial, Diego García Sayán, para informar sobre los hallazgos revelados por este medio en las últimas 48 horas. Ámbito reveló que los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri habrían interceptado un total de 220 llamados entre abogados y sus defendidos, todos alojados en el módulo IRIC del penal de Ezeiza, a comienzos de 2019.

Hasta ahora, como detalló este diario, se relevaron 4 cajas con información de desgrabaciones que formaban parte de la causa “Operativo Puf”, a pedido del juzgado en el que quedó radicada el espionaje ilegal que se investigó en Lomas de Zamora. Sin embargo, resta relevar el contenido de otras dos cajas adicionales que forman parte de la prueba, junto con las grabaciones que realizó la AFI de los pabellones A, C y D del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

En este marco, Rúa repudió el espionaje ilegal que padeció con sus defendidos, expuso ante la ONU los números de teléfonos, las fechas de las pinchaduras y la cantidad de discos grabados irregularmente con conversaciones privadas, según cada intercepción en cada Pabellón. En el listado de víctimas la captación ilegal de conversaciones figuran Enrique Blaksley, Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano, Natividad Terán, Marcelo Calderón, Eduardo Bernardi, Alionzo Rutillo Ramos Mariños, Fabián De Sousa, Osvaldo Giacumbo, Roque Cirigliano, Cristóbal López, Darío Maximiliano Cuello y Ricardo Jaime, entre otros.

Si bien Rúa puso a disposición de la oficina de la ONU de los últimos descubrimientos, viene aportando información clave desde el 7 de junio de 2019. A su vez, considera que no todo el material salió a la luz y que hay más conocer. “Se reitera que esa severa constatación se vincula sólo con un tiempo bien acotado del total en que se concretó la interferencia ilegal de las comunicaciones confidenciales entre las personas detenidas y sus abogados. Y que resta aun certificar todas las situaciones de vulneración de derechos”, advirtió.

“El derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado. Los abogados deben poder reunirse con sus clientes en privado”, dijo.

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