Los cuatro jinetes del apocalipsis fiscal

Fernando Navajas - Economista jefe de FIEL

En un trabajo publicado hace 23 años en la revista Desarrollo Económico, esbozamos, junto con un colega y amigo, una hipótesis referida a la alta inflación que tenía como causa mediata un desequilibrio fiscal de raíz estructural. Nuestra explicación decía que aun con la aceptación de que factores monetarios o de dinámica de precios coexistieran en las causas inmediatas de la inflación, existían además factores mediatos más profundos y estructurales, explicados por elevados déficits fiscales que emergían de una puja distributiva que desequilibraba las finanzas públicas. Nosotros explicábamos esa puja distributiva como algo a su vez diferente de las representaciones basadas en la macroeconomía de procesos populistas o en pujas distributivas de sectores pobres. Más bien, eran algo mucho más generalizado, en donde un Gobierno «débil» era cercado por un conjunto de demandas por transferencias basadas en diferentes reclamos, que no venían necesariamente de sectores pobres. Esas demandas iban abriendo «ventanillas» que el Gobierno no podía evitar y llevaban a un muy alto desequilibrio fiscal con el que se asociaba una situación de muy alta inflación.

La virtud de ese trabajo y, posiblemente, su publicación en esa revista de ciencias sociales fueron que no nos quedamos en la teorización. Más bien tratamos de analizar, con datos y números, el desempeño de las finanzas públicas que nos había sugerido la hipótesis. En este proceso de búsqueda descubrimos que había cuatro segmentos o sectores que para nosotros constituían los principales focos de presión en la puja distributiva que llevaba a abrir las ventanillas del Gobierno nacional. Ellos eran las provincias, las empresas públicas, los jubilados y los acreedores de la deuda pública. Estos cuatro sectores no eran la misma cosa. La magnitud de presión ejercida desde ellos era cambiante y se apoyaba en reclamos de diferente naturaleza o con distinto grado de justificación social. En algunos casos (jubilados), provenían de pasivos sociales. En otros (provincias), arrastraban desacuerdos o violaciones a transferencias de base constitucional. En otros (empresas y servicios públicos), eran desequilibrios provocados por una trampa de bajas tarifas y altos costos. Finalmente, en otros (acreedores de deuda pública), estaban atadas a renegociaciones o a presiones derivadas de renegociaciones anteriores.

Pero sea cual fuere el origen de los reclamos, las consecuencias que traían aparejadas eran similares. La moraleja o conclusión era que aspirar a escaparse de esa trampa de alta inflación (en donde todos pugnaban por transferencias que luego la inflación se encargaba de diluir, y en donde todos -o la gran mayoría- terminaban perdiendo) no iba a ser posible si no se pensaba en arreglos institucionales que compatibilizaran las demandas con el equilibrio fiscal. Lo cual nos remitía a un problema de índole político-social que iba más allá de nuestra contribución. Es decir que lo más interesante, probablemente, empezaba en donde nosotros habíamos dejado el tema.

Existe mucha distancia histórica e institucional entre la descripción anterior y lo que hemos estado viendo en la Argentina en la última década. En rigor, yo soy de la opinión de que la hipótesis anterior no puede (o no sirve para) explicar la inflación argentina posterior a 2007 y hasta la actualidad. En todo este período hemos visto un Gobierno para nada débil, que más bien ha podido elevar la capacidad de recaudar impuestos y manejar confortables superávits primarios, al menos contablemente hablando sin computar pasivos contingentes. Al mismo tiempo, los «malos» de la historia anterior fueron domados o controlados, de algún modo.

Pero que la historia no sirva para explicar el pasado reciente no significa que no sea relevante para anticipar el futuro (o alguno de los posibles futuros). Lo significativo de la hipótesis y medición explorada hace varios años es que, si se repasa con cuidado lo que hemos empezado a ver recientemente, son justamente esos cuatro sectores los que se están despertando. Varias provincias han iniciado o van camino a iniciar un reclamo de base constitucional sobre el reparto de recursos o sobre las deudas con la Nación. Las empresas públicas han renacido a través de los déficits estructurales en energía eléctrica, gas natural, agua y transporte terrestre y aéreo, a lo que además se agrega el retorno de YPF a la esfera estatal. Los reclamos de los jubilados son un búmeran que regresa después de varios años de limitar aumentos y aprovechar los recursos ahorrados durante el régimen de AFJP. Y los acreedores externos han resurgido para decirnos que existen contratos o compromisos pendientes que no vamos a poder ignorar.

Éstos son, en definitiva, los cuatro jinetes del apocalipsis fiscal o del ocaso de la posición fiscal no deficitaria de la Argentina. Todavía no están cabalgando como en el pasado. Pero han empezado a elevar los riesgos de regresarnos a un déficit fiscal de naturaleza estructural que, en presencia de un Gobierno que puede llegar a debilitarse políticamente a partir de las elecciones del próximo año, nos meta de nuevo en un juego muy complicado. Los esfuerzos visibles del Gobierno por neutralizar estas demandas son ahora posibles, pero no sabemos que vayan a poder serlo en el futuro frente a un debilitamiento político, en donde no va a existir espacio para la necesaria cooperación política, que es algo que el Gobierno sí ha devaluado, y durante mucho tiempo.