Los fondos de la discordia, sin solución

Una de las principales acusaciones del Presidente Alberto Fernández a los jueces de la Corte Suprema es la injerencia con otros poderes. El caso más sentido para el Gobierno es la disputa por los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, que llegó a un punto máximo de tensión la semana pasada cuando el Gobierno porteño amplió su denuncia contra funcionarios nacionales y rechazó cobrar en bonos el monto que impuso la Corte a favor de la Ciudad.

El recorte lo hizo el Gobierno nacional en 2020 al considerar que Mauricio Macri al transferir parte de la Policía a la Ciudad en su gestión presidencial, calculó de más el monto a transferir que a su vez tradujo en puntos de coparticipación. Esa poda, luego fue a través de una ley del Congreso, la cual la Corte dejó de lado. La norma estableció el 1.40% histórico de coparticipación y un monto a definir para completar. Ahora los jueces impusieron el 2.95% de coparticipación para la Ciudad, lo cual en la práctica eleva en un punto lo que el distrito recibe hasta ahora.

Primero ante el decreto presidencial y luego tras la sanción de la ley que lo convalidó, Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema de Justicia por considerar la norma anticonstitucional y arbitraria la decisión del Gobierno de bajar el monto que recibía en concepto de transferencia de la Policía.

Para el Presidente el fallo estaría técnicamente imperfecto y el titular de la Corte, Horacio Rosatti, debe ser investigado”en el desempeño de sus funciones” y también el resto de los miembro del máximo tribunal.

Sin embargo impulsará el juicio político al titular de la Corte.