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Lugo manda a militares tras misteriosa guerrilla entrenada por las FARC
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo y el titular del Congreso, Miguel Carrizosa, negociaron ayer las condiciones del estado de excepción en el norte del país.
Durante el estado de excepción, que había sido pedido por el presidente Fernando Lugo, el Poder Ejecutivo puede ordenar la detención y el traslado de personas sin orden judicial, así como prohibir o restringir reuniones públicas y manifestaciones, según la Constitución.
La Cámara alta, de mayoría opositora, rechazó inicialmente una iniciativa presentada por el presidente, pero aprobó otra similar con modificaciones, que será debatida hoy por los diputados.
El proyecto alternativo propuesto por el senador opositor Marcelo Duarte declara el estado de excepción en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, limítrofes con Brasil y Bolivia, por un lapso de 30 días.
La decisión fue tomada tras la muerte el miércoles de un policía y tres civiles que habrían sido atacados por miembros de la banda denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que opera en zonas boscosas de difícil acceso donde coexisten haciendas ganaderas y extensos cultivos ilícitos de marihuana.
Lugo se reunió con el titular del Congreso, Miguel Carrizosa, y los líderes de los partidos representados en ambas cámaras para consensuar la declaración del estado de excepción.
«Pedimos que (el proyecto) tenga un tratamiento de urgencia por la situación que vive el país en estos cinco departamentos, y al mismo tiempo pedimos que las fuerzas militares puedan tener la amplia libertad para poder actuar», dijo el Presidente en una conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo.
La aprobación de un texto distinto del presentado por el presidente responde en parte a los constantes roces entre ambos poderes del Estado, que han minado la gobernabilidad.
Lugo suspendió ayer un viaje a Bolivia y ordenó un fuerte despliegue de policías y militares en el Norte para facilitar la búsqueda del EPP.
Varios de los integrantes de esa guerrilla fueron entrenados y asesorados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hasta el momento, las autoridades paraguayas aún lo consideran una banda de delincuentes comunes, pero temen que pueda convertirse en una guerrilla similar a la colombiana.
El grupo tendría vínculos con la guerrilla colombiana, y sus miembros son señalados como responsables de al menos cuatro secuestros desde 2001 (ver aparte).
En los departamentos que serían alcanzados por el estado de excepción se practica la ganadería intensiva, y los empresarios pecuarios han reclamado últimamente al Gobierno por mayor seguridad.
La última vez que se declaró estado de excepción en Paraguay fue durante el Gobierno de Luis González Macchi en 2002, en el marco de una serie de manifestaciones en su contra que dejaron varios heridos.
Agencias Reuters y EFE