Malvinas: veteranos ahora les reclaman a los ingleses

Jorge Taiana

Cuatro veteranos de guerra que sufrieron graves heridas al ser obligados por tropas británicas a efectuar trabajos con munición presentarán mañana una nota al Gobierno, con el propósito de que el Estado se haga cargo de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las víctimas del trabajo forzado con explosivos -apadrinados por la Comisión de Familiares de los Caídos en Malvinas- son los ex soldados: Raúl Vallejos, Ángel Urban, Ricardo Pinatti y Ricardo Jackinsuk, todos oriundos de la provincia del Chaco.

Al finalizar las hostilidades en Pradera del Ganso, los efectivos británicos ordenaron de manera compulsiva a soldados criollos prisioneros, levantar munición y granadas que en apariencia no habían detonado. La tarea, contraria a las normas sobre trato de prisioneros de la Convención de Ginebra, provocó heridas a los cuatro nombrados, otros dos soldados hallaron la muerte: Martín Flores y Rafael Barrios por la explosión de una bomba de racimo, mientras que un tercero, José Ferraú, fue rematado por un sargento inglés, cuando su cuerpo ardía por la deflagración de una carga de fósforo blanco (napalm). La realización de tareas peligrosas por parte de prisioneros de guerra está expresamente prohibida por el Convenio III de Ginebra de 1949.

Retórica

Los damnificados en contacto con este diario lamentaron que el Estado dé la espalda a quienes sufrieron mutilaciones y la pérdida de la vida a manos de efectivos británicos que violaron normas elementales del manejo de prisioneros, «mientras que sólo se preocupa de la retórica por la soberanía». El canciller Jorge Taiana fustigó al Gobierno de Londres por la presentación que hizo Gran Bretaña ante la Comisión del Límite de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas en la que incluyó el archipiélago de Malvinas y las islas Georgias y Sándwich del Sur. La reglamentación de la comisión de límites establece que en caso de que haya una controversia territorial o marítima, «no considerará ni calificará la presentación hecha por cualquiera de los estados parte en esa controversia». Más claro, todos los países saben que la comisión no puede pronunciarse cuando una de las partes objeta la presentación de otra, los estudios en cuestión no agregan ni quitan derechos a los reclamantes.

La patrulla pertenecía al Regimiento 12 de Infantería y estaba al mando del subteniente Leonardo Durán, quien también sufrió heridas graves. Estos hechos fueron denunciados ante el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la jueza Lilian Herráez en 1999, pero nunca progresó la pesquisa más allá de la colección de testimonios. Tampoco llegó a nada la investigación que llevó adelante en 1994 la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra del Ministerio de Defensa liderada por el entonces ministro Oscar Camilión.