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Marabunta fiscal vs. velocirraptores
En medio de esta guerra, varios economistas han salido a criticar a la marabunta fiscal opositora y, por extensión, a defender a los velocirraptores de los fondos públicos, usando dos argumentos muy atendibles. Uno es que pone a la economía en una situación de desfinanciamiento y de riesgo de sostenibilidad financiera. El segundo es que la reacción de los velocirraptores los va a llevar a tomar medidas compensatorias, como, por ejemplo, la elevación de los aportes patronales, que van a impactar muy mal en la economía. Estos argumentos lucen razonables, y los números de impacto fiscal son ciertamente muy elevados. Pero el coro de economistas de defensa razona, como buenos economistas, en el margen. Es decir, basándose en el principio de que lo pasado es pisado y que lo que importa es lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Sin embargo, existen también dos razones para suponer que esta forma de presentar las cosas está mal. En primer lugar, no existe razón (ni que hablar de razones morales) para defender a los velocirraptores porque ellos hayan llegado primero y armado un festín. Es decir, razonar en el margen no es correcto cuando se trata de ataques sucesivos o secuenciales a un bien público como la estabilidad financiera. Segundo, tal vez lo que estamos viendo es la consecuencia de un proceso que va a tener que llegar a algún equilibrio de convivencia entre los velocirraptores y la marabunta fiscal.
Sin pacto
Una traducción de todo lo anterior a las finanzas públicas es notar, en primer lugar, que la Argentina no tiene un pacto fiscal, que es el proceso político por el cual la sociedad decide recaudar fondos públicos (a través del sistema tributario) y decide cómo asignar esos recursos a través del gasto público. Varios años de arbitrariedades sin límite terminaron de romper las posibilidades de armar un pacto fiscal en el momento apropiado, es decir, en medio de una expansión económica muy fuerte. La crisis alcanzó un clímax por el lado de los ingresos tributarios con la guerra con el sector agropecuario por las retenciones móviles. Más tarde, por el asalto a los fondos jubilatorios privados y luego a las reservas. Ni hablar del tema de la coparticipación a las provincias y el nunca cumplido Art. 75 de la Constitución nacional. Por el lado de los gastos, los pedazos del jarrón vienen volando desde hace rato con el show de los superpoderes, y el uso de los cargos de los fondos fiduciarios para sostener un aquelarre de gastos y subsidios en infraestructura y transporte, muchos de los cuales no tienen el más mínimo fundamento en términos distributivos. Es decir que el pacto fiscal se hizo trizas en la Argentina.
Una de las enseñanzas de la economía política moderna es que mientras el poder político se encuentra bastante concentrado, la ausencia del pacto fiscal no se nota demasiado. El poder concentrado actúa como un veneno para la marabunta fiscal. Pero cuando se entra en un proceso de competencia o de fragmentación política, la ausencia del pacto fiscal emerge como un vacío institucional grave, y lo que hasta entonces parecía un estado de equilibrio se convierte en una guerra fiscal. Lo que la Argentina vive después de las elecciones de junio de 2009 es el comienzo de este proceso, y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Este fenómeno se demoró en aparecer porque en un primer momento el Gobierno enfrió la pelota con el convite a un pacto político que era una trampa en vez de la oportunidad para arreglar un pacto fiscal. Luego vinieron otras trampas subsecuentes en la forma de votar leyes de apuro con un congreso saliente y el avance sobre las reservas y el uso del financiamiento del BCRA.
La Argentina tiene una asignatura pendiente que es recomponer un pacto fiscal. Esto es un programa serio, es decir, con fundamentos económicos, escrito por la clase política para ser implementado con el apoyo y el control de la sociedad. Mientras esto no sea puesto en la agenda colectiva, vamos a ir a la deriva con los riesgos de que el desfinanciamiento del gasto público nos quite de golpe la estabilidad monetaria y tengamos que volver a sacarle ceros a la moneda. Si bien es imposible que un pacto fiscal pueda armarse antes de las próximas elecciones, al menos se deberá coordinar evitar que esta lucha abierta entre el Gobierno y la oposición degenere en un desfinanciamiento súbito. Pero como en muchos otros temas de la sociedad, no se puede poner en igualdad de responsabilidades al Gobierno y a la oposición. Este vacío es culpa del Gobierno, que tiene la responsabilidad de convocar y coordinar esto y que no puede hacerlo porque ha decidido hace rato jugar unilateralmente y no corregir los errores.
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