26 de junio 2009 - 00:00

Más reclamos de empresarios (vuelven a defender los 90)

Eduardo Costantini (Consultatio) y Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) en un encuentro organizado por ACDE, y que concluyó con duros reclamos de seguridad jurídica y respeto a las instituciones.
Eduardo Costantini (Consultatio) y Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) en un encuentro organizado por ACDE, y que concluyó con duros reclamos de seguridad jurídica y respeto a las instituciones.
A horas de comenzar la veda política electoral, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) reclamó la plena vigencia del sistema democrático, el funcionamiento eficiente de la Justicia, el respeto de la propiedad privada y que el Estado tenga un rol subsidiario en actividades que pueden ser desarrolladas de manera eficiente por el sector privado.

Estas afirmaciones forman parte de las conclusiones del encuentro que organizó esa entidad, en un momento en que claramente las relaciones entre el empresariado y el Gobierno pasan por su peor momento.

La brecha es tan grande que hasta hubo quien se animó desde el estrado a defender la política de apertura de la economía llevada a cabo en la década del 90. Casi un anatema.

Muchas de las afirmaciones contenidas en el documento que leyó Alberto Ablático -titular de ACDE- reproducen reclamos que vienen expresando en forma cada vez más frecuente y menos velada la UIA, la Mesa de Enlace del campo y otras representaciones empresariales. La preocupación sobre la propiedad privada, que parece de otra época, revivió ante la expropiación de subsidiarias de Techint en Venezuela, la de los fondos de las AFJP por parte del Estado, la de Aerolíneas Argentinas y, en definitiva, la falta de definiciones claras por parte del Gobierno de que se respetará el derecho a la propiedad.

El documento final reclama, además, que quienes ejerzan cargos públicos «privilegien la verdad y el bien común por sobre los intereses partidarios o personales». También exige una «lucha frontal contra la exclusión, madre de buena parte de los males que aquejan a la sociedad, a través de la educación, el combate a la droga y oportunidades para los que la padecen». Finaliza reclamando condiciones estables para poder producir bienes y servicios de forma eficiente, y la inserción del país en el mundo, «restableciendo relaciones normales y serias con los demás miembros de la comunidad internacional».

Antes, empresarios destacados hicieron públicas sus preocupaciones y disensos sobre el rumbo de la economía y la política, entre ellos Gustavo Grobocopatel (Los Grobo, uno de los principales productores de soja de la Argentina) y Eduardo Costantini (Consultatio).

El más crítico fue Costantini, quien dijo que la Argentina «tiene un Estado ausente en las instituciones», pero admitió también que el sector privado no coopera con las ONG. «Sería muy bueno para un político que se asocie con una empresa para que incremente sus inversiones sociales o que nos convoque para que ayudemos más a los hospitales y a los colegios», tareas que obviamente hoy no cumple el Estado.

También Roberto Wagmaister, de la teconológica ASSA, defendió al sector privado como motor del progreso. «Somos hijos de la política de apertura, del Estado que dejó de ser empresario y pasó a ser un estado moderno», una afirmación que por estas horas suena políticamente incorrecta a los oídos del Gobierno.

Wagmaister no trepidó en defender un momento histórico que el Gobierno del matrimonio Kirchner y sus acompañantes demonizan: «Gracias a esa enorme inversión en infraestructura que hubo en la década pasada, hoy es posible el desarrollo de las empresas de software en el país».

Revolución agraria

Por su parte, Grobocopatel abogó por una mayor participación de los empresarios en la política y las entidades empresariales, y criticó de manera no demasiado velada a la política oficial respecto del campo. «En el país hay soja porque en los últimos 20 años se hizo una revolución extraordinaria en el campo. Se generó un ambiente de organizaciones público-privadas, trabajando en red con especialistas. Hubo una movilidad social enorme. Fue un proceso de creación de valor y competitividad extraordinarios».

Agregó que la coyuntura «requiere un nuevo contrato entre el Estado, las empresas y la sociedad; estadísticas privadas nos indican que la mayoría de la gente no cree en la competencia y por eso quiere Estado; por eso no vamos a poder generar un proyecto de transformación si no estamos juntos los competitivos con los poco competitivos».

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