Mendoza endurece ley de excarcelaciones

Mendoza - La Cámara de Senadores de la provincia aprobó el proyecto de ley que limita las excarcelaciones y otorga a los jueces mayor capacidad de acción frente a la reincidencia. La norma había sido girada a la Legislatura por el gobernador Celso Jaque, como parte de su plan contra la inseguridad, y tras haber sido sometida a varias modificaciones en Diputados ayer logró sanción completa.
«Era lo que estaba esperando la ciudadanía de nosotros», dijo el vicegobernador Cristian Racconto, en relación con los fuertes reclamos de los mendocinos respecto de la grave crisis de delincuencia que padece la provincia.
Con esta ley, por ejemplo, quien haya cometido más de un delito en territorio mendocino deberá permanecer detenido hasta ser juzgado, sin posibilidad de gozar del beneficio de la excarcelación.
A pesar de los cuestionamientos por parte de algunos sectores de la Justicia y de organismos de derechos humanos -incluido el CELS, de perfil kirchnerista-, los senadores ayer dieron el sí por amplia mayoría.
Hasta el momento, y según el caso, un delincuente podía beneficiarse con la libertad condicional si sus antecedentes no eran peligrosos y si su proceso penal todavía no había concluido. No obstante, abogados y hasta algunos jueces plantearían que la norma viola la Constitución.
La visita de los integrantes del CELS obligó a los legisladores a repensar sus posturas respecto del tratamiento de las leyes denominadas «duras» en materia de seguridad que se están discutiendo desde hace tres semanas en la Legislatura. Quienes rechazan la norma sostienen que restringir el beneficio de la libertad condicional «es inconstitucional» y alegan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría reaccionar en sintonía, incluso se pronunciaría en contra del proyecto de Jaque ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Este proyecto constituye una flagrante violación de las reglas constitucionales que protegen la libertad personal durante el proceso penal», argumentan los abogados del CELS que preside Horacio Verbitsky.
Esta ley sancionada ayer forma parte de una batería de medidas que exige el gobierno mendocino a la Legislatura, dentro del Acuerdo Social lanzado por Jaque hace dos semanas.
A pesar de los reclamos de la población por medidas concretas para reducir los índices de delitos y violencia, las disposiciones del Ejecutivo tuvieron repercusiones ambiguas.
Por caso, a principios de este mes se produjeron tres renuncias por el plan de seguridad: dos funcionarios de derechos humanos (Diego Lavado y Alfredo Guevara) y la titular del Instituto de la Mujer (Mariana Hellin), quienes estaban disconformes con los anuncios considerados de «mano dura». Fue 48 horas después del anuncio del Pacto Social propuesto por Jaque.