Moyano apura juicios por las obras sociales

Hugo Moyano

La CGT de Hugo Moyano iniciará la senda judicial para reclamar fondos adeudados por el Estado a las obras sociales sindicales. Tras dos intimaciones sin respuesta a los organismos públicos encargados de la distribución de recursos a las organizaciones de salud, Moyano buscará hoy convencer a sus aliados de realizar presentaciones simultáneas en tribunales en reclamo de un fondo que en la actualidad acumula unos 15 mil millones de pesos. En el Ejecutivo, en tanto, reconocieron que habrá dificultades para saldar siquiera parte de esa deuda, que en las últimas semanas negociaron con sindicalistas opositores al camionero.

Los recursos de las obras sociales constituyen una demanda común a todos los sectores sindicales. Desde la llegada de la santacruceña Liliana Korenfeld a la Superintendencia de Salud, en marzo último (el mes pasado asumió la jefatura) se redujeron a menos de la quinta parte de lo que debería ejecutarse. Se trata del dinero que los gremios gastan en tratamientos médicos complejos y que el Estado debería reembolsar a través de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que el mes pasado fue absorbido por la Superintendencia (SSS).

Tras una primera presentación ante la SSS, en abril, Moyano ordenó reiterar el emplazamiento a mediados del mes pasado. En este caso, lo hizo con la reserva explícita de acudir a la Justicia y de demandar a los funcionarios por posible «incumplimiento de deberes», dijeron cerca del camionero. En ese sector de la CGT explicaron que al menos otros dos sindicatos recorrieron la misma senda, y que hoy Moyano intentará convencer a sus pares de imitarlo.

En la oposición de la central obrera las novedades no son mejores. Los «independientes» Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) se reunieron con Korenfeld para negociar un esquema de pagos parciales de modo tal de cubrir baches financieros. La funcionaria los sondeó a partir de una suerte de canje de la deuda: sobre la base de expedientes sin resolución por $ 2.000 millones y a cambio de una renuncia explícita a iniciar juicios, ofreció pagar en efectivo el 17%, es decir, $ 340 millones. Sin embargo, esa alternativa quedó en suspenso tras ratificar que no impedirá que otros gremios.

En los organismos oficiales reconocieron que el atraso en los pagos hará virtualmente imposible ponerse al día con los gremios. El presupuesto anual de la APE -ahora integrado a la SSS- es de $ 1.500 millones, y el freno en el pago de expedientes producido a partir de marzo paralizará todo el proceso.

Entre las dificultades, los funcionarios alegaron que la trazabilidad de los medicamentos -que representan un 35% del total de los pagos de la APE- todavía no fue puesta en marcha, a pesar de haber sido anunciada por Cristina de Kirchner meses atrás. Y que tampoco existen todavía controles efectivos sobre los troqueles de los remedios que posibiliten agilizar los trámites.

Moyano alega que el Estado mantiene con su sindicato una deuda por 100 millones de pesos en expedientes presentados y no ejecutados. Otros gremios, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la propia UPCN, presentan pasivos superiores, pero sus dirigentes están en el sector que puja por quedarse con el control de una CGT afín al Ejecutivo.

Mientras intenta evitar el inicio de demandas, el Gobierno estudia una reforma integral del sistema de reembolsos: como informó este diario, los sindicalistas más cercanos al Ejecutivo propusieron que fuese el Estado el que se hiciera cargo en forma directa de los reintegros a los pacientes de obras sociales tratados por casos de alta complejidad.