Obvio: rechaza oposición suba de impuestos 2013

Con la asistencia del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, arrancó ayer en la Legislatura porteña la ronda de funcionarios que explican a los diputados en qué gastarán en 2013. El proyecto contempla aumentos de impuestos que impactarán directamente en los consumidores y nada para subsidiar la tarifa del viaje de los subterráneos. Los dos temas fueron el centro de las preguntas que los bloques opositores al PRO le formularon al ministro, además de los $ 1.000 millones que aumentarán los contratos de recolección de residuos. Mauricio Macri tiene previsto gastar unos $ 40 mil millones en el año electoral, y a distintos retoques que está proponiendo en el Impuesto a los Ingresos Brutos agregará el aumento en las boletas de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL) que ya no pueden modificar los legisladores, tratándose de una suba automática que se producirá cada año.

«La Ciudad de Buenos Aires tiene un fuerte déficit en infraestructura a pesar de que trabajamos desde hace cinco años en tratar de revertir esa situación», afirmó Grindetti, y también anticipó: «En marzo o abril vamos a volver a la Legislatura para pedir una ampliación presupuestaria para cumplir con lo que se decida en las paritarias».

El debate con Grindetti se extendió cerca de cuatro horas, en las cuales el funcionario defendió las cuentas proyectadas y se quejó sobre que «el peor mal es la inflación». Asistió un importante número de diputados.

Con respecto a los subterráneos, el ministro repitió que «la Ciudad no es parte en el contrato de concesión» y «por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de destinar dinero para eso».

«Nosotros queremos hacernos cargo del subte, pero primero queremos saber cuál es el déficit que existe. Por eso sería un error de nuestra parte hacernos cargo o convalidar legalmente el traspaso. No le esquivamos al bulto, pero queremos tener información de primera mano para hacerlo», agregó Grindetti.

Desde la oposición al PRO, Fabio Basteiro reprochó que el proyecto de 2013 contemple «una disminución en las partidas de vivienda del 11%, en salud del 15% y en infraestructura escolar en el 50%».

Aníbal Ibarra (Frente Progresista) explicó que «cuatro presupuestos, en los cinco años de gestión, fueron deficitarios a pesar del crecimiento económico de la Ciudad y de la mayor recaudación, y ahora plantean otro presupuesto deficitario, que como en los anteriores piensan financiar con subejecución y mayor endeudamiento».

«En este presupuesto, hay ganadores y perdedores, ganan las empresas de basura, la Policía Metropolitana y la publicidad oficial; pierden Educación, Salud, Vivienda y las políticas sociales», aseguró el exjefe de Gobierno.

Por su parte, el titular del bloque Coalición Cívica, Fernando Sánchez, señaló: «A pesar de la promesa del jefe de Gobierno, la novedad más impactante para la clase media y pobre de la Ciudad de Buenos Aires son los múltiples aumentos de impuestos que va a haber el año que viene. A las correcciones del ABL de este año se les van a agregar aumentos a los servicios bancarios y financieros que no los van a pagar los dueños de los bancos, sino que los van a pagar todos los usuarios de los servicios bancarios: por sacar un crédito, por tener una cuenta, por obtener un préstamo, etc.», y aseguró que «deberán pagar más todos los usuarios de telefonía celular, como si fuese un privilegio o un bien de lujo tener un celular en la era de las comunicaciones y la información».

El diputado porteño agregó: «A lo regresivo que ya es la estructura de impuestos en el orden nacional y frente a un año más dificultoso que el que pasamos, el Gobierno de la Ciudad va a ayudar a la sociedad aumentándole aún más la carga tributaria. Ésa no es ni la manera más justa ni más beneficiosa de poder ayudar a la sociedad en un año que va a necesitar ayuda. Hay otras formas de financiarse, como a través de multas y sanciones no cobradas por más de 300 millones de pesos».

Julio Raffo, presidente del bloque Proyecto Sur, en cambio, se quejó porque a su criterio «en muchos ministerios carece de metas físicas que permitan evaluar si se cumple o no con lo pautado y, por estar organizado en su mayoría por rubros y no por programas, no es posible medir o comprobar la eficiencia del gasto que queda a cargo del Ejecutivo».