Oficialismo refuerza blindaje a juez Rafecas en Magistratura

Daniel Rafecas y Claudio Bonadio

La desestimación de la denuncia de Alberto Nisman contra funcionarios del Gobierno por presunto encubrimiento continúa siendo redituable para el juez federal Daniel Rafecas. Mañana, el oficialismo podría archivar otra de las denuncias que pesan contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura, en este caso, un expediente vinculado a la actuación de Rafecas en la investigación de los supuestos sobornos durante la última administración de la UCR. Cuando ese caso fue a juicio oral, no se demostró ninguna de las evidencias que justificaban la elevación, y el tribunal apuntó al juez.

Mientras la arena de la política electoral se divide entre gradualismo y shock, Rafecas se inclinó por lo primero. El bloque oficialista del Consejo se disponía a archivar en simultáneo todas las causas contra el juez tras su actuación frente a la denuncia de Nisman, pero fue él mismo quien recomendó que ese proceso se hiciera de a poco. Era preciso guardar ciertas formas.

La aparición del caso de los sobornos en la Magistratura es complejo para la representación que allí ostenta el radicalismo. Cuando se efectuó la denuncia, el senador Mario Cimadevilla, entonces consejero, impulsaba la investigación contra Rafecas tanto por el juicio de los sobornos como por el accionar del juez en el caso Ciccone, expediente en el cual uno de los abogados defensores reveló los mensajes de texto que intercambiaba con Rafecas. En ese entonces, el senador Ernesto Sanz recomendaba no ir tras Rafecas, porque este juez investigaba por presunto enriquecimiento ilícito al general César Milani.

El expediente de los supuestos sobornos también genera tensiones, porque en su momento parte del radicalismo guardaba distancia de Fernando de la Rúa. Es el caso del senador Gerardo Morales, quien fue funcionario durante el último Gobierno radical. En cambio, cuando los entonces integrantes del bloque kirchnerista recibieron el fallo que sobreseyó a De la Rúa, festejaron porque aseguraban que ése sería el estiletazo final contra un juez con quien se encontraban enfrentados. El diputado Carlos Moreno estaba particularmente emocionado con el hallazgo.

Ahora se espera que los actuales representantes de la UCR, tanto el senador Ángel Rozas como el diputado Gustavo Valdés, rechacen archivar la denuncia.

Pero esta nueva afinidad del oficialismo con Rafecas altera otras cuestiones en la Comisión de Disciplina, como por ejemplo, la casi desaparición de los expedientes contra Claudio Bonadío. Poco y nada sobrevive de la idea que en su momento esbozó el viceministro Julián Álvarez de insistir con las sanciones sobre el sueldo de Bonadío hasta que, en la tercera oportunidad, éste podría ser llevado a jury. El alto al fuego se enmarca en el pacto que el Gobierno articuló con los jueces federales y que ahora ofrece escenas hasta hace poco impensadas, como la presencia de funcionarios en el cumpleaños del juez José Luis Rodríguez, en un restorán popular de la zona oeste.

Un giro de 180 grados si se considera que este juez es identificado por Balcarce 50 como un actor hostil y que cuando su pliego estaba en el Senado, think-thanks cercanos al Gobierno lo acusaban de una supuesta predilección por reliquias y objetos identificados con el nacional socialismo alemán.

Debe decirse: ese ánimo pacificador perdurará mientras las chances del peronismo para las presidenciales se mantengan en alto. Es el análisis que le acercan a Maurcio Macri dos jueces federales que lo visitan, de tanto en tanto, en sus momentos de contemplación en el Jardín Botánico.

El próximo examen al cual se someterá esa tregua tiene fecha para el 22 de junio, cuando la Casación se expida sobre el pacto firmado con Irán. A medida que pasan las semanas, el clima entre los jueces del máximo tribunal penal empeora.

El pasado viernes fue preciso un plenario de urgencia luego de que tras una incursión al Ministerio de Justicia de la camarista Ana María Figueroa se identificara a los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi por el sobreseimiento del empresario Carlos Blaquier. En la Casación dan por descontado que la jueza cuestionó la resolución de sus pares.

El oficialismo manifiesta actitudes ambivalentes sobre la resolución referida al memorando, desde considerarla, en el actual contexto, de poco hándicap hasta albergar algún temor por los efectos que tendría si la Casación dijera que el pacto rubricado por el Congreso es inconstitucional.

Desde una óptica positiva, el Gobierno valora la dilación de la resolución y, mientras tanto, respecto de las mismas cuestiones, profundiza su avanzada contra el espía Jaime Stiuso, a quien ayer denunció nuevamente en la Justicia penal.