Oficina Anticorrupción pide elevar a juicio causa Qunita

Laura Alonso

La Oficina Anticorrupción (OA) le solicitó ayer al juez federal Claudio Bonadio la elevación a juicio oral de la causa en la que se investigan las irregularidades en el denominado Plan Qunita. Como querellante, la OA consideró que está completa la instrucción respecto de los 18 procesados, entre los que se encuentran el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el exministro de Salud Daniel Gollán.

"Para esta parte querellante, la actuación de los funcionarios públicos en la maniobra investigada es subsumible en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En tanto que la conducta de los particulares directivos y/o socios de las empresas que resultaron adjudicatarias de la licitación debe encuadrarse como participación necesaria (salvo en un caso donde sería complicidad) en el segundo de los delitos enunciados", sostuvo el escrito presentado por el organismo en tribunales.

La OA señaló que Gollán "en el carácter de ministro de Salud, refrendó el acto que aprobó la licitación y dispuso la adjudicación a las seis firmas seleccionadas, a pesar de las irregularidades que presentaba el trámite y del monto excesivo e injustificado de las ofertas recibidas". Asimismo, sostuvo que Fernández "en su calidad de jefe de Gabinete de Ministros, adoptó la decisión de aprobar la licitación y adjudicarla en favor de las seis empresas irregularmente seleccionadas y de ese modo obligó abusivamente a la Administración, puesto que el monto de la contratación resultaba excesivo e injustificado", por lo que "corresponde sindicar al Dr. Aníbal Fernández como autor del delito de administración fraudulenta".

La causa es por presuntas irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados; ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático. A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4.096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que éstos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.

Bonadio debió aclarar que los kits del programa no iban a ser destruidos, sino que su destino y acondicionamiento quedaban bajo la órbita de la cartera de Salud.