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Oposición ahora dividida para iniciar investigación
La apertura del juicio político que pidió ayer Macri para que la Legislatura determine si tiene responsabilidad en el caso por el cual está procesado, no es automática. El proceso está descripto en la Constitución local y tiene, además, un reglamento. Lo lleva adelante, para comenzar, la llamada Sala Acusadora (ver aparte) que está conformada por 45 diputados. Esos legisladores son sorteados cada dos años cuando se renueva la cámara y allí el PRO cuenta con 19 propios. La Acusadora conforma a la vez una comisión investigadora de 13 miembros que tiene un plazo prorrogable de 60 días para pronunciarse y formular una acusación. Para que la acusación sea aprobada debe contar con 30 de los 45 votos y la oposición sólo tiene allí 26. De esa manera sucedería que luego de investigar, los legisladores sometan la acusación al voto y gana el PRO. De eso se trata el ardid que busca el macrismo y para que en dos meses se deje de hablar del escándalo de las escuchas.
Por ahora la Coalición Cívica (ver nota aparte) rechaza el juicio, pero impulsa la comisión investigadora especial, con más facultades y plazos.
El bloque peronista que conduce Diego Kravetz, que tiene un proyecto propio de comisión investigadora, decidió plegarse al juicio político, pero no aportará los votos para que hoy se defina sobre tablas. Kravetz consideró que el pedido de Macri «es absolutamente especulativo. Él piensa que por la cantidad de legisladores con los que cuenta su bloque va a bloquear la acusación en el juicio político y nosotros pedimos a los diputados del PRO que voten a conciencia y no por obediencia debida».
Proyecto Sur (Solanas), que concentra nueve bancas, sostuvo que «Macri está sobreactuando su victimización, con un discurso irresponsable, demagógico y efectista» y que «ante el anuncio mediático por parte del jefe de Gobierno», el bloque va a «proceder con la madurez y la responsabilidad con la que viene actuando, articulando con el resto de los bloques opositores para avanzar en superar esta crisis institucional». De esa bancada, Julio Raffo (vicepresidente de la Legislatura) sostuvo: «La Legislatura no reemplaza al juez ni investiga delitos, ejerce la facultad exclusiva de determinar si, en razón de los hechos probados, debe o no continuar en su cargo».
El kirchnerismo se pronunció por la citación a Macri al recinto, pero consintió que «el juicio político no es un capricho del jefe de Gobierno, sino una herramienta legislativa que permite juzgar las responsabilidades políticas», según dijo la ex ibarrista Gabriela Alegre.


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