La campaña presidencial se acaba de lanzar en Brasil. Y desde una plataforma atípica: las supuestas irregularidades en el manejo de Petrobras. A diecisiete meses de las elecciones de octubre de 2010, la oposición a Luiz Inácio Lula da Silva adelantó el reloj y le marcó la cancha al oficialismo en el Senado con una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que revisará las cuentas de la petrolera controlada por el Estado.
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Si bien fue la Secretaría de Presupuesto la que alertó sobre un posible «dibujo» contable en la empresa por u$s 2.110 millones en impuestos, fue el senador opositor «tucano» (socialdemócrata, PSDB) Álvaro Dias quien pidió hace dos semanas la CPI, birlándole al Gobierno la dirección técnica del caso. A partir de allí, más denuncias se acumularon en el legajo de Petrobras, como las sospechas de liberalidad al momento de otorgar patrocinios a obras sociales emparentadas con el oficialismo y el PT (Partido de los Trabajadores).
En 2003, apenas asumido Lula, Petrobras habría dado 1,28 millón de reales (u$s 650.000 al cambio actual) para fiestas de la CUT, la Central de Trabajadores.
Datos
Eso, de arranque. En los últimos 12 meses y sin pasar por procesos de licitación, la petrolera habría firmado 1.100 contratos con ONG por un monto de u$s 305 millones. La oposición, según publicó O Globo, dice que son financiamientos encubiertos a punteros políticos. Habría, también, otro garabato en la construcción de la refinería Abreu Lima, el demorado proyecto binacional con la venezolana PDVSA en el estado de Pernambuco (ver más información en página 6). De acuerdo con las fuentes de O Globo, ya se habrían detectado u$s 30 millones en contratos irregulares con las constructoras Camargo Correa, Odebrecht y Queiroz Galvao.
Pero las denuncias, como corresponde en esta campaña electoral ya desatada, vienen trepando al plano ideológico-político. Y, así, lo que se discute ahora es el futuro de Petrobras dentro del modelo estratégico del país. Con los movimientos sociales y los sindicatos que, por un lado, defienden a la petrolera estatal de las «intenciones privatizadoras» de la CPI -con manifestaciones en contra, como la del lunes en Recife-. Y con el Gobierno de Lula y el PT, que no pierden la oportunidad para anquilosar el debate en la satanización de las privatizaciones pasadas y el neoliberalismo (esto es, la presidencia de Fernando Henrique Cardoso). Un dardo cruzado al presidenciable del opositor PSDB, José Serra, actual gobernador de San Pablo, que su correligionario, el senador Arthur Virgílio contestó pidiendo «estatizar Petrobras», pero «de las garras del PT». «Vamos a liberarla de los intereses privados del PT, y devolverla a la administración pública», dijo.
El debate continuaba caldeado ayer, con el vencimiento del plazo para constituir formalmente la CPI con el nombramiento de sus once integrantes (tres senadores por la oposición y ocho que apoyan al Gobierno). Al cierre de esta edición, todavía se discutía si iba a ser presidida por un senador de la oposición o por alguno del PT o el PMDB, de la base gobernante.
De nada, pareciera, sirvió que Lula y su hasta ahora «delfina» para las elecciones presidenciales, Dilma Rousseff (actual jefa de Gabinete) a principios de la semana hayan mantenido frenéticas reuniones con la cúpula de Petrobras y los jefes de bancada. No sólo para echarles aceite a las crispadas aguas del Senado. También para resguardar la candidatura de Dilma -esmerilada desde que se hizo público que padece cáncer linfático- durante los 180 días que durará la investigación.
Es que la presidenciable del PT viene construyendo su base política a partir de las obras viales y sociales del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC). Un plan de diseño federal que se nutre en un 40% de recursos aportados por Petrobras.
No es lo único que ata a Rousseff a la petrolera: ella es, además, la presidenta de su Consejo de Administración. Por eso, de cara a las próximas elecciones, en la suerte de Petrobras va también la del PT y su posible candidatura.
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