Pago desata guerra entre funcionarios

Juan Cayetano Intelisano

La denuncia por el presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Ministerio de Economía al grupo de aseguradoras extranjeras Accolade Pool disparó una nueva batalla en la pelea histórica entre los funcionarios de Economía investigados y que siguen en funciones y los denunciantes. Frente a las denuncias presentadas a mediados de enero por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, y el fiscal especial Raúl Plée, algunos señalados por la investigación salieron a defenderse (y a acusar también). El caso, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, aún no ha avanzado y dos de los funcionarios más implicados siguen trabajando para el Estado.
Es el caso del ex subsecretario legal del ministerio, Osvaldo Siseles, quien ayer envió una carta al ministro de Economía, Carlos Fernández, negando todo tipo de responsabilidad en el supuesto pago irregular de la suma millonaria y apuntando a su sucesora en el cargo, Alejandra Tadei, como la persona que viabilizó los pagos.
«Disparate»
Desde el entorno de la actual subsecretaria calificaron esta acusación de un «disparate» y la consideraron una «venganza»: Tadei no sólo fue la primera en pedir que se revisara el caso de manera interna, sino que también fue la denunciante del caso Greco, por el que están procesados Siseles y otra de los implicados en el pago, Yolanda Eggink, ex directora general de Asuntos Jurídicos (quien, sorprendentemente, ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Planificación Federal). Además, argumentaron los asesores de Tadei que, al ser quien tenía las facultades de autorizar el pago, si «quería pagar, pagaba». Por el contrario, la funcionaria detuvo el dictamen con «orden urgente» e indicó su investigación. La demanda de Accolade Pool siguió avanzando hasta llegar a Juan Cayetano Intelisano, ex subsecretario de Administración Patrimonial (y en consecuencia, uno de los encargados de definir los pagos referentes a órganos liquidados como la Caja Nacional de Ahorro y Seguro) y actual director de Administración, puesto desde el que -aún hoy- define todas las licitaciones del ministerio.
Si bien se le pidió la renuncia a su puesto político cuando se descubrió el pago y se ordenó un sumario interno, durante la gestión de Miguel Peirano, Intelisano conservó su puesto de planta. Desde el ministerio aseguran que esta semana se resolverá su situación crítica (debe ser removido por decreto presidencial).
El director de Administración será probablemente la persona en la que se concentren las represalias por el supuesto pago de los
$ 54 millones, pero muchos aseguran que la dimensión de la defraudación al Estado es mucho más amplia: un suma que abarcaría pagos por $ 480 millones y una estructura en Economía presuntamente corrupta. Estructura de la que el presunto principal beneficiario del pago descubierto, el empresario croata Johann Holjevac, se habría aprovechado en numerosas y millonarias oportunidades.
El funcionario ha sido denunciado cinco veces ante la Oficina Anticorrupción desde 2000, por irregularidades en el desempeño de su cargo, por ejemplo, supuestos pagos indebidos con la caja chica de su área, y presunto desempeño de funciones incompatibles con su cargo (como cobrar un supuesto sueldo de la Municipalidad de Esteban Echeverría -donde empezó su carrera-, al mismo tiempo que el de la cartera). Intelisano, además, es un hombre rico: declaró un patrimonio de casi u$s 1 millón y tres terrenos en Monte Grande. Este nuevo escándalo podría terminar una carrera de más de 30 años en la función pública.