Papel Prensa: Cámara se apresta a definir futuro de indagatorias

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 La Sala I de la Cámara Federal Porteña recibió ayer el informe solicitado al juez federal Julián Ercolini sobre el estado de situación de la causa Papel Prensa y ahora tiene cinco días para definir el futuro de las indagatorias de los directivos de los diarios Clarín y La Nación. Según pudo averiguar ámbito.com de fuentes judiciales, por la relevancia que tomó el caso en los últimos días, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler prometieron dar una rápida respuesta al recurso de queja presentado por el fiscal federal, Leonel Barbella, contra la doble negativa de Ercolini de citar a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre.

Si la Cámara acepta la queja de Barbella, los magistrados darán vista al fiscal de ese tribunal, Germán Moldes, quien deberá en esa instancia, por primera vez en esta causa, decidir si mantiene o rechaza el planteo para convocar ante la Justicia a los empresarios. Entonces, si los camaristas avalan el pedido del fiscal y Moldes también adscribe, se abrirá la apelación y Ercolini deberá justificar ante sus superiores por qué no quiere convocarlos.

Si por el contrario, la Cámara resuelve desestimar la queja, ya no habrá oportunidad de indagarlos hasta que se terminen una batería de medidas de prueba que estipuló Ercolini, entre ellas una pericia contable para saber si fue justo el precio pagado por Papel Prensa. Esta decisión preocupa a organismos defensores de DDHH y a la propia querella en el expediente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que temen una nueva dilación en la búsqueda de la verdad por la apropiación ilegal de la papelera.

A diferencia del juez Ercolini, el fiscal Barbella consideró que no es necesario esperar la pericia de tasación histórica y contable para saber cuánto se pagó por la "transferencia compulsiva" de acciones de la papelera y, en cambio, asegura que existen pruebas suficientes pa-

ra que los sospechosos hablen ante la Justicia. Los

empresarios están imputados de extorsión y persecución por asuntos políticos, económicos y religiosos contra los integrantes del Grupo Graiver, en el marco de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

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