24 de junio 2015 - 00:00

Papel Prensa: en una semana definen indagatorias

 La Cámara Federal porteña organizó ayer una audiencia como paso previo a resolver si autoriza las indagatorias a los empresarios Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble en la causa por la adquisición supuestamente ilegal de la firma Papel Prensa. El dato resonante fue que el fiscal Germán Moldes desistió de sostener el recurso ante los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. De hecho, al caso todavía le queda final abierto porque la Secretaría de Derechos Humanos mantuvo ayer el recurso por parte de la querella.

Moldes fue un organizador entusiasta de la marcha del 18F y se embanderó como adalid de la independencia judicial cuando accedió a su cargo desde una oficina en el Ministerio del Interior durante la presidencia de Carlos Ménem. Su última audacia fue integrar el largo derrotero de Sergio Massa en la búsqueda desesperada del tigrense para encontrar un candidato a la vicepresidencia que se sume a su ticket.

Ayer Moldes se negó a opinar sobre la recusación que afrontó en la causa Papel Prensa (dijo que era algo "trivial"), anunció que no sostendría el recurso de queja que pide por las indagatorias de los empresarios y se irritó cuando el fiscal general para causas de lesa humanidad, Jorge Auat, pidió la palabra. "El fiscal acá soy yo", le espetó. Luego sostuvo que el juez Julián Ercolini debería apurar el caso en la primera instancia.

También participaron de la audiencia los abogados de Clarín, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada. El eje de sus exposiciones fue hacer hincapié en una pesquisa contable que lleva meses demorada y que intenta dilucidar si las acciones de Papel Prensa se traspasaron a precio vil, negaron que la causa esté paralizada e insistieron con que el testimonio de Lidia Papaleo cambió desde que esta declaró en la Secretaría de Derechos Humanos hasta que lo hizo en el juzgado de Ercolini.

No dieron grandes precisiones de esos supuestos cambios y luego intentaron un giro argumental que vendría a decir que como David Gravier poseía entidades bancarías era imposible imaginarlo como un hombre preseguido por el Gobierno militar.

Luego los abogados señalaron la presencia del funcionario Martín Fresneda, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, como una suerte de condicionante para los camaristas. Freneda replicó que sólo se encontraba allí porque él también había sido víctima de actos represivos.

Los abogados del Estado ratificaron que la causa reune material suficiente para justificar una instancia de indagatoria. También recordaron que la Cámara habilitó el planteo de queja. Los camaristas podrían resolver la semana próxima, antes de la feria judicial de invierno.