Para evitar más tomas, apuran planes de vivienda

En un intento de desalentar más copamientos de tierras fogoneados por el efecto Soldati, los gobernadores aceleraron los anuncios de construcción de nuevas viviendas sociales, en buena parte con fondos propios.

La estrategia se da en el marco de la tensión que genera en el interior la previsible réplica de intrusiones de predios, desatada tras la usurpación del ahora liberado Parque Indoamericano y que en las últimas horas sumó tomas, por caso, en Jujuy y en Chubut.

Más allá del real déficit habitacional que sufren las provincias, la agitación se ve alimentada por la inminencia de los comicios 2011.

De hecho, en algunas gobernaciones incluso se evalúa adelantar el cronograma de entrega de unidades sociales y el diagrama de anuncios de nuevas construcciones, que eran estratégicamente reservados para el año entrante por su impacto positivo en materia de votos.

Este escenario se da mientras a nivel nacional se anticipa un fuerte recorte del gasto en construcción de viviendas para 2011, de la mano de una inversión prevista de $ 5.100 millones. El monto es similar al que se ejecutaría este año, lo cual, sumado a la proyección inflacionaria de casi el 30% para 2011, representa un recorte del 40%.

En este marco, por caso, el mandatario de Catamarca, el radical Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social), anticipó la construcción de 2.000 unidades habitacionales con fondos propios durante 2011, que «se suman -dijo- a las 1.200 que ya se encuentran en ejecución».

Por su parte, desde el Gobierno del peronista disidente Alberto Rodríguez Saá (San Luis) salieron a enfatizar públicamente que mañana se completará la entrega de 500 «unidades productivas», que además de viviendas contemplan un local anexo de 36 metros cuadrados, en donde cada familia beneficiaria desarrollará un proyecto.

En sintonía, en Santiago del Estero, el radical K Gerardo Zamora concretó la entrega de 150 nuevas casas en el barrio Mariano Moreno Séptima Ampliación, en una ceremonia en la que destacó el «fuerte apoyo e inversión del Gobierno nacional» en la construcción de «miles de viviendas para todas las provincias».

Precisamente, el escenario incluye una apresurada y enfática defensa de la política oficial habitacional por parte de los gobernadores, con la pretensión de apaciguar el racimo de reclamos en pos de viviendas.

En esa línea, el mandatario de Tucumán, José Alperovich, resaltó que «en estos ocho años de gestión vamos a terminar 25 mil viviendas, todo un récord». Por su parte, Brizuela del Moral enfatizó que cuando asumió el Gobierno prometió 10.000 viviendas. «Nos equivocamos, porque hicimos 15.000 y 10.000 soluciones habitacionales, y 25 mil viviendas», promocionó.

Mientras tanto, se generaron en las últimas horas nuevas tomas en el interior. Por caso, en Jujuy, cerca de 300 personas -muchos de ellos serían empleados municipales- usurparon dos terrenos en la localidad de Calilegua, presuntamente pertenecientes a la empresa Ledesma. En Córdoba, en tanto, pende un plazo judicial de cinco días para el desalojo de terrenos usurpados por vecinos en el barrio Marqués Anexo.

Algunos de los casos asumen ribetes especiales. En el partido bonaerense de Quilmes, el intendente Francisco «Barba» Gutiérrez, justificó ayer la decisión de adquirir terrenos privados ocupados (en supuesto estado de abandono) para -dijo- «atender una necesidad frente a un hecho consumado por esta realidad social».