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Para los economistas, es justo, pero no sustentable
Marina Dal Poggetto (Estudio Bein)
Nadie se puede oponer a este tipo de medidas cuando se evalúa desde la necesidad. Pero desde el punto de vista fiscal, es un problema. Si bien con el aumento para setiembre que anunció la Presidente según la ley de movilidad previsional ya implicaba un incremento de las erogaciones, con la suba del salario mínimo vital y móvil a $ 1.740 llevar las jubilaciones a un 82% móvil implica de base un impacto de $ 25.000 millones por año. Con la nueva ley se estaría indexando el 38% del gasto público, que es lo que representan las jubilaciones, que se monta sobre un nivel de por sí elevado, que está 10 puntos por encima del promedio de la convertibilidad. Además, si en algún momento se quiso ser solidario y se incluyó a 2,2 millones de personas con las moratorias, hoy se podría subir la mínima sin contarlos. Me parece que la decisión no sería muy consistente en el tiempo, teniendo en cuenta además el achicamiento del colchón cambiario.
Maximiliano Castillo (ACM)
Es muy difícil que se pueda pagar, sobre todo en la Argentina, con altos niveles de informalidad laboral y desempleo. A priori, la discusión es apresurada. Hubiera requerido más tiempo y mayor profundidad. Otro aspecto es que en uno de los dictámenes no se especifica cómo se financiará. Falta este componente. La discusión es incompleta. Responde más a una cuestión política que a un análisis más sesudo. Nadie discute que hay una asignatura pendiente con los jubilados. El problema es que con este proyecto de ley se otorgan derechos adquiridos a 5 millones de jubilados. Un aspecto positivo es generalizar lo que reconoce el fallo Badaro. Puede haber financiación para un año, pero no está claro en el largo plazo cómo se va a hacer.
Milagros Gismondi (OJF y Asociados)
Por el lado del financiamiento, el gasto público hoy es elevado, entonces llevar al 82% móvil, como las erogaciones están en niveles récord, puede complicar el panorama fiscal. Hay que tener en cuenta que con el aumento que se da en setiembre ya se estaría bastante cerca. Antes de ese incremento el impacto fiscal sería de $ 24.000 millones y, si se agrega lo del fallo Badaro, llega a $ 32.000 millones. Pero con el haber de setiembre sería en torno a $ 20.000 millones. Es cierto que la jubilación es hoy muy baja. Además si en vez de un régimen de reparto hoy tuviéramos capitalización, con un aporte del 10% se podría llegar al 82%. En cambio, hoy se paga el 26% de contribuciones.
Hay que considerar que las moratorias incorporaron a muchos jubilados y que un gran porcentaje de la población está en negro, lo que hace que los aportes deban ser más elevados que un 10%. La relación entre activos y pasivos es de 1,4, que es bajo para ser sustentable.
Fernando Marengo (Estudio Arriazu)
El sistema previsional argentino debe ser sustentable. Ocurre que hoy la población es joven, pero tiende a envejecer. Entonces la relación aportante-jubilado se va a ir deteriorando. Hay que ahorrar para ese momento. La ANSES tiene superávit hoy pero con jubilaciones del 82% móvil, se va a convertir en déficit. Y esto podría generar un problema. De hecho, las dificultades que enfrenta Europa tienen que ver bastante con este aspecto: el tercer componente del déficit es el sistema previsional. Lo que se hace es acumular para pagar en un futuro. El problema es que, prácticamente en todo el mundo, los ingresos previsionales se registran como corrientes y no lo son. Son una deuda a futuro. No está en duda la legitimidad de la decisión, pero hay que evaluar la sustentabilidad. Otro aspecto es que, si la ANSES tiene superávit, ¿a quién se lo presta para que en un futuro se tenga el mismo poder de compra? Y ahí uno se encuentra que la ANSES financia al Tesoro, hecho que no garantiza una rentabilidad financiera.
