“Per saltum” tiene dictamen, pero el debate continúa

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El proyecto de ley que reglamenta el recurso extraordinario por salto de instancia, más conocido como «per saltum», ya tiene dictamen en Diputados y está listo para bajar al recinto el miércoles 14 de este mes, pero como sucedió con otros proyectos (el caso típico fue la reforma al régimen de las ART), el debate no termina y de hecho seguirá habiendo reuniones.

La oposición, por ejemplo, volverá a reunirse mañana. Aunque saben que no podrán introducir cambio alguno en el articulado, habrá debate sobre la estrategia a seguir en el recinto. La UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal y el socialismo buscarán unificar posiciones, aunque no será tan fácil como en el Senado.

El kirchnerismo, al mismo tiempo, tiene algunos debates internos por solucionar, pero que no le modifican el número. Jorge Yoma, cada vez más lejos de mantener un criterio único con la bancada, llegó ayer al límite de considerar que el recurso extraordinario por salto de instancia «es como decretar el estado de sitio de una causa judicial: se suspenden las garantías constitucionales». Se refiere a la suspensión del derecho a defensa que supone eliminar una de las instancias del proceso al saltar desde un juzgado a la Corte sin escalas.

Está claro que ese recurso, que el Gobierno quiere tener reglamentado para el caso que se mantenga la traba legal sobre la vigencia del artículo 161 que dispone la desinversión por incompatibilidad de licencias dentro de la ley de medios, sólo avanzaría si la Corte Suprema declara la admisibilidad. De lo contrario el recurso queda en la mera presentación y el rechazo del tribunal no genera consecuencias legales.

Punto de interés

Ese es el punto que interesa al Gobierno: la mera admisión por parte de la Corte suspende las acciones y por lo tanto pueden caer las cautelares dictadas, en este caso en la causa Clarín.

La semana pasada, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia emitieron el dictamen del proyecto que reglamenta la figura del «per saltum» durante una reunión en la que la Unión Cívica Radical abandonó la sala protestando por el tratamiento «exprés» de la ley.

Eso sucedió menos de 24 horas después de que el Senado votara el «per saltum», por lo que el texto quedó listo para ser convertido en ley el 14 de noviembre en el recinto.

Esa sanción del Senado ratificó completamente el proyecto oficial, copia casi textual del presentado por Cristina de Kirchner en 2002 y 2004 como senadora, y establece la modificación a dos artículos del Código Procesal Civil y Comercial.

«Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior».

Y define: «Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución nacional y los tratados internacionales por ella incorporados».

Y fija un límite que sería imposible de evitar ante la doctrina existente: «La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad».

En la modificación al artículo 257 ter, también aclara: «La Corte Suprema podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren prima facie los requisitos para su procedencia, en cuyo caso proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda».

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