Cristina de Kirchner, Gerardo Pollicita y Julián Ercolini.
La senadora Cristina de Kirchner se encamina a finalizar el año con dos juicios orales pendientes, con desarrollo probable en 2018. A la elevación ya concretada en la denominada causa dólar futuro, se sumará la segura elevación, que antes de que se consuma el 2017, dispondrá Julián Ercolini tras el pedido formulado ayer por el tándem de fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Será la primera causa por presuntos hechos de corrupción en llegar al status de ser debatida en un juicio oral: el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez. En Comodoro Py todavía vacilan sobre si unificar todas los expedientes sobre los que pesa un procesamiento contra la exmandataria en una "megacausa" como adelantó Ámbito Financiero, o dividir las elevaciones y luego esperar que se realice uno o varios juicios por hechos que se supone conexos: el otorgamiento discrecional de obra pública y presuntos "retornos" a través de las empresas de la exfamilia presidencial. El caso "Los Sauces" podría ir en saga, porque se la considera a punto también de ser elevada.
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Pollicita y Mahiques solicitaron formalmente que se acuse a Cristina como "jefa de una asociación ilícita" y por defraudación al Estado. En el dictamen se pide que se enjuicie al exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exfuncionarios Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti, entre otros, y Báez por haber favorecido al grupo Austral con 52 contratos viales por $46.000 millones, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles", según indica el dictamen. La instrucción ha dejado varios puntos y el flanco más débil que las defensas podrían aprovechar con un pedido de "instrucción complementaria" (previa al debate) que incluya una nunca cumplimentada pericia formal. Todo el caso está vertebrado en la interpretación de un informe de Vialidad Nacional por parte de su actual titular Javier Iguacel que fue implacable a la hora de las acusaciones.
Para el tándem fiscal, el circuito de contrataciones "irregulares", permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por u$s205 millones. Y agregó que los fondos "eran destinados al patrimonio de los expresidentes", algo que muerde lo que se investiga en los casos Hotesur y Los Sauces. El quid de la cuestión será considerar que la exmandataria está involucrada en maniobras de lavado de dinero, cuyo delito precedente es la entrega ("direccionada" de obra pública al consorcio de Báez. De ahí la insistencia oficial -a la que se sumó la defensa del detenido empresario- en que el juez Sebastián Casanello la indague en ese expediente. El mapa lo completarían los expedientes -uno de Bonadio ya con procesamiento confirmado ("Sauces") y otro que está en medio de indagatorias, en manos del propio Ercolini, cuya resolución podría estar luego de la feria judicial de enero.
Según Pollicita, en esta causa se investiga una "operatoria criminal" de la que desde el Gobierno anterior y diversos "organismos estatales vinculados a la obra pública, se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz". Ello representó la contratación del Estado "en favor de Lázaro Báez" por más de $46.000 millones". Se habría configurado para ello un esquema "de beneficios exclusivos", supuestamente diseñado por Cristina, responsa ble de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado. Para la Justicia existieron "distintos circuitos para el obrar delictivo". El primero dirigido al "apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública" y otro, destinado "al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos". Para los fiscales, la expresidente fue partícipe de ese "reciclaje" para hacer aparecer ese dinero como lícito.
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