El Gobierno está jugando sus últimas fichas para que la Cámara de Apelaciones neoyorquina vuelva a poner en suspenso la orden dada el último miércoles por el juez Thomas Griesa. Según este magistrado, la Argentina debería depositar u$s 1.330 millones como garantía antes del 15 de diciembre. La gran pregunta es cuál será el paso a seguir si la respuesta que llega desde los tribunales no es satisfactoria.
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Esos fondos no irían automáticamente a los holdouts, es decir los inversores que no ingresaron al canje, pero implicaría reconocer que tienen derecho a cobrar el 100% de la deuda argentina que mantienen en default. La Argentina se negó, porque considera injusto que el 93% de los inversores haya aceptado el canje con una quita superior al 60%. Y al mismo tiempo, desde la Casa Rosada aducen que no lo pueden hacer porque está en vigencia la «ley cerrojo», que impide darles nuevas oportunidades a quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2010.
Hasta la semana pasada, el plan de Economía y de los abogados era no respetar el fallo que obliga a pagarles a los buitres, pero continuar utilizando al Bank of New York (BoNY) para efectuar los pagos en esa jurisdicción. Pero todo cambió con el fallo del último miércoles, en el cual Griesa, además de condenar a pagar u$s 1.330 millones que reclaman los holdouts, levanta los efectos suspensivos para el cumplimiento de esta medida y al mismo tiempo (lo más relevante de todo) ordena al BoNY que se abstenga de realizar cualquier reparto de fondos sin antes consultar con la Justicia.
De esta manera, y para sorpresa de los funcionarios y abogados de la Argentina, lo que parecía un esquema seguro para pagarles a los bonistas (a través de la figura del «trustee» o fideicomiso) quedó barrida en un minuto. La apelación argentina también insiste en que la Argentina transfiere los fondos al BoNY en la Argentina y que una vez que el dinero llega a Nueva York, ya es en realidad propiedad de los inversores que poseen bonos argentinos. Por lo tanto, esos recursos serían inembargables. Se trata, claro, de una postura que no es compartida por la Justicia norteamericana.
Pero las salidas no son sencillas. El «Plan B» consistiría en pagarles a los bonistas neoyorquinos en Buenos Aires, es decir, cumplir con los inversores, pero en una jurisdicción distinta a la que figura en los títulos. Pero esa alternativa requeriría además de algunos pasos previos si se busca evitar la declaración de un nuevo default. El proceso debería desarrollarse de la siguiente manera:
· La Argentina tendría que llevar adelante un canje de bonos con jurisdicción Nueva York, entregando a cambio títulos bajo legislación argentina.
· Precisa como mínimo el 75% de aceptación. Sin esa mayoría, no lo puede hacer.
· Tiene tiempo para lograrlo hasta el 14 de enero de 2013, ya que el default recién se declara formalmente 30 días después del incumplimiento, que se produciría el 15 de diciembre con los cupones PBI bajo legislación neoyorquina.
En caso de que no se consiga ese alto nivel de aceptación, los inversores pueden pedir la aceleración de la deuda, es decir que el Gobierno pague la totalidad del capital más los intereses de los títulos. Esto implicaría automáticamente la declaración del default. Además, quienes compraron seguros contra default (conocidos en la jerga financiera como Credit Default Swap) se verían automáticamente beneficiados.
Aunque no es imposible, conseguir una mayoría del 75% y realizar un canje en poco más de un mes resultaría extremadamente difícil. En las próximas horas quedará claro si el Gobierno está dispuesto a realizar semejante movida, que de todas maneras igual lo pondría en desacato con los tribunales neoyorquinos.
