Polémica imputación contra Gobierno porteño por una IGJ

Un fiscal federal apunta al nombramiento de un funcionario al frente del organismo.

Horacio Rodriguez Larreta

En el Ministerio de Justicia porteño sorprendió ayer la difusión de una imputación contra el jefe de Gobierno, por el nombramiento de un funcionario al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) local -organismo que inscribe y controla las sociedades comerciales- . Es que, como existe la IGJ que es administrada por el Gobierno nacional, ante la creación del organismo local, podría decirse paralelo, que ocurrió por ley en 2008, ante una petición una medida cautelar congeló su funcionamiento. Pero, en el Ministerio de Justicia de la Ciudad, que conduce Martín Ocampo, aseguran que la cautelar impide los actos de gestión, pero no la organización del organismo. Así, R. Larreta nombró a un funcionario al frente de la IGJ porteña y ahora un fiscal federal realizó una imputación contra el jefe de Gobierno, el ministro de Justicia y otros funcionarios.

Sorprendió más, la situación porque aseguran en el Gobienro porteño no haber sido notificados de la situación y desconocer tal imputación.

El fiscal federal Franco Picardi (exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios durante el kirchnerismo) habría imputado a R. Larreta por haber habilitado la IGJ de la Ciudad de Buenos Aires en supuesta contradicción a la ley.

La Fiscalía impulsó la causa iniciada por Ernesto Tricarico, integrante del Centro de Estudios para la Transparencia (CEPTRA), quien también denunció a jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y a Hernán Emilio Najenson, quien fue designado como director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad por un decreto del jefe porteño de marzo pasado. Según la denuncia el nombramiento ocurrió "en contraposición a las normas vigentes", ya que está vigente la cautelar . El denunciante considera que la IGJ "constituye un recurso estratégico de la política económica del Estado Nacional" y "tiene competencias federales que no tiene otros registros provinciales" así como "la responsabilidad de certificación y control de empresas argentino-brasileñas".

Por ahora, el traspaso de la IGJ a la órbita porteña no ha sido tratado por el Congreso, que de aprobarlo junto con los convenios de transferencia de competencias judiciales, también deberá homologarlo la Legislatura porteña.