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Polémica: Inglaterra niega extradición a la Argentina
Luego que el Estado argentino reclamara su extradición, el Tribunal Superior de Londres, la Real Corte de Justicia, optó por no hacer lugar para que la estudiante de enfermería Lucy Wright, de 28 años, sea juzgada en nuestro país. Wright está acusada de traficar 6,320 kilos de cocaína el 14 de marzo de 2007 cuando pasó por Ezeiza, una escala intermedia de su viaje de Perú hacia el Reino Unido. En ese momento, la joven fue indagada por el juez federal Claudio Bonadío, pero se la excarceló. Wright violó la caución, cruzó a Brasil, y ante el consulado británico dijo que perdió el pasaporte, por lo que obtuvo uno nuevo y volvió a su país.
El 5 de septiembre de 2008 el Gobierno argentino reclamó su extradición y el 4 de abril de 2009 fue detenida en Inglaterra a partir de lo cual empezó el proceso para ser extraditada, que estaba a cargo del juez Riddle de la ciudad de Westminster. En su interrogatorio, Wright admitió que llevaba la droga hacia Inglaterra para una persona que le prometió una suma de dinero a cambio, y reclamó ser juzgada en su país. Para evitar ser traída a la Argentina, su defensa sostuvo que ello implicaría alejarla de su familia, pero el juez Riddle rechazó los argumentos y aprobó la extradición.
El caso llegó a la Real Corte de Justicia que basada en la figura de «testigo experto», designó a la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Verdú, en conjunto con el abogado Federico Pollevik, realizó un informe sobre la situación de las cárceles en la Argentina, el primero presentado en noviembre de 2010, y luego otro en diciembre de 2011.
Ese informe describe las malas condiciones carcelarias. El 20 de marzo el Tribunal de Londres negó la extradición de Wright, con el argumento de que en caso de ser detenida en la Argentina podría ser sometida a torturas, y tratos inhumanos en algunas de las cárceles. «El objeto de este fallo es determinar cómo sería tratada la apelante en las prisiones donde sería alojada, y si existe un riesgo real de que fuera sometida a tortura, o castigos degradantes o inhumanos en la Argentina. La fuerza del caso presentado por la apelante radica en que ha presentado evidencia experta que muestra un «escenario de sistemáticas violaciones a los derechos humanos» en las instituciones penales argentinas», sostuvo el Tribunal en el fallo.


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