Polémica también con rivales por protocolo de aborto no punible

Por un lado, la Iglesia (ver nota aparte), y por el otro, los rivales del macrismo criticaron ayer la reglamentación del aborto no punible que firmó el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus. La medida llega tras un fuerte debate en la Legislatura porteña, donde la semana pasada no se logró acuerdo en ninguno de los siete proyectos que circulan en ese sentido, y responde a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hace seis meses.

La norma porteña adhiere a que las mujeres que hayan sido violadas tendrán que presentar una denuncia policial, y no podrán interrumpirse los embarazos después de las 12 semanas de gestación. En marzo pasado, la Corte ratificó que no son punibles los abortos en caso de violaciones y que no podrán ser objeto de sanción penal las mujeres violadas, tanto normales como insanas, que interrumpan el embarazo como tampoco los médicos que intervengan.

Sin embargo, para la legisladora kirchnerista María Rachid, la resolución del Gobierno de Mauricio Macri «viola varios e importantes principios y acciones» establecidos por la Corte.

La diputada explicó que la norma porteña «establece que, en caso de que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la mujer», las autoridades del hospital deben confirmar el diagnóstico y la procedencia de la práctica y que eso «viola lo dispuesto en el articulo 86 del Código Penal, ya que requerir la autorización de más de un profesional de la salud es una exigencia adicional a la que establece la ley».

«En caso de violación, la resolución limita la práctica a las 12 semanas de gestación. Límite que no establecen el Código Penal ni el fallo de la Corte», agregó la kirchnerista.

Para el titular de la Comisión de Salud de la Legislatura, el socialista Jorge Selser, «es una normativa aberrante» y calificó también la resolución como «un acto antidemocrático», ya que «se trata de una resolución ministerial; ni siquiera es un decreto, que pasa por encima de la Legislatura, lugar donde debía debatirse este tema social tan grave».

Retroceso

Por su parte, la ibarrista María Elena Naddeo consideró que la resolución de Lemus «es restrictiva y retrocede en relación con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación». La legisladora explicó que la norma de la Ciudad incorpora equipos interdisciplinarios en los hospitales para que actúen en caso de abortos no punibles, los que se suman a los equipos médicos, agregando condiciones para lograr la interrupción de los embarazos.

Otra de las críticas es porque establece un plazo máximo de 12 semanas de gestación, que no está contemplado en el fallo de la Corte.

La resolución presenta el modelo de declaración jurada que deberán completar las vícy destaca que «se aplicarán sanciones penales y administrativas por falsa declaración».

Además, la reglamentación del protocolo para el aborto no punible del Gobierno porteño establece que «los profesionales de la salud tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de la práctica médica» y «no serán pasibles de sanción laboral de ningún tipo», garantizando «la confidencialidad de la identificación de los médicos».