A las 10.30 hora local, en la pequeña sala del Tribunal de la Ciudad-Estado, comenzará el juicio "Vatileaks 2", surgido tras la divulgación de las cartas de la COSEA, la comisión creada por el papa Francisco en julio de 2013 para monitorear estructuras financieras vaticanas y favorecer la reforma y disolución al caducar el mandato.
Los imputados son cinco: el exsecretario de la Comisión Referente sobre las Finanzas del Vaticano (COSEA) y la Prefectura de los Asuntos Económicos, el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, la excomponente laica Francesca Immacolata Chaouqui, el secretario de la citada comisión, Nicola Maio, y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores respectivamente de los libros "Via Crucis" y "Avarizia" sobre los escándalos financieros.
Los cinco, juzgados por el tribunal encabezado por Giuseppe Dalla Torre, deberán responder por haber divulgado noticias y documentos de máximo secreto relacionados con "intereses fundamentales" del Estado vaticano (artículo 116 bis del Código Penal, introducido por Francisco con la ley IX de julio de 2013).
Vallejo Balda, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación ilícita por haber formado una "asociación criminal organizada", dirigida a la difusión de las cartas y documentos prohibidos (art. 248). Por el primer delito los imputados puede recibir la condena de cuatro a ocho años de cárcel y por el otro, de tres a seis años.
Los investigadores vaticanos trabajaron seis meses y aseguran tener pruebas aplastantes contra el sacerdote español y la exasesora de ser los cerebros de la "organización" dirigida -por admisión de Chaouqui en una de las declaraciones- de recoger la mayor cantidad de noticias y documentos secretos para divulgarlos.
Maio -cercano a los ambientes del Opus Dei como Vallejo y Chaouqui- habría sido el ejecutor.
El proceso cuenta con un enorme interés mediático porque será además la primera ocasión en la que en el banquillo de los acusados del Vaticano se sienten dos periodistas, que ya lo consideran un ataque a la libertad de prensa.
Y es que se da la paradoja de que, mientras que Italia recoge este principio en el artículo 21 de su Constitución, las leyes vaticanas no estipulan el derecho a la información. Efectivamente, el sistema penal del Vaticano se basa en un antiguo código penal italiano del 10 de junio de 1998 y de un código de procedimiento penal del 27 de febrero de 1913, y que desde entonces ha sufrido mínimas variaciones.
"Nunca me habría imaginado que después de la publicación de Avarizia habría terminado investigado, enviado al banquillo y procesado ante los jueces pontificios, escribió Fittipaldi en el diario La Repubblica.
Por su parte Nuzzi, en su blog, lamenta que será procesado por "haber publicado "Via Crucis", un libro en el que reveló muchas cosas incómodas en relación con la gestión del Vaticano". También criticó la falta de apoyo por parte de políticos y del Colegio de Periodistas y alertó del regreso de "una peligrosa 'Nueva Inquisición'".
"Los periodistas deben ser libres para informar sobre temas de interés público y para proteger a sus fuentes confidenciales", comentó la representante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatovic. "Llamo a las autoridades a no proceder con los cargos y a proteger los derechos de los periodistas, en concordancia con los acuerdos alcanzados con la OSCE", agregó. Los acusados enfrentan penas de hasta ocho años de cárcel. La OSCE es una organización internacional de seguridad y derechos entre cuyos 57 estados miembros figuran países de América del Norte, Europa y Asia Central. El Vaticano es uno de ellos.
| Agencias ANSA, EFE, Reuters y AFP |
Dejá tu comentario