Por 60 días no subirá el cable

Para frenar por 60 días el aumento en los abonos de la televisión por cable, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictó la Resolución 8 publicada ayer en el Boletín Oficial, que consiste en una medida cautelar (la entidad está habilitada por ley como tribunal de primera instancia). La decisión está fundamentada en que «existiría una presunta concertación o abuso de posición dominante» y en la premura para evitar un perjuicio inmediato «sobre el bienestar de los consumidores».

La norma podría ser recurrida en la Justicia, donde ya también se encuentra apelada la decisión oficial de revisar la fusión entre CableVisión y Multicanal.

La cautelar de la CNDC está destinada a CableVisión y sus controladas, Direct TV, Telecentro, Supercanal, Red Intercable, Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y Cámara de Cableoperadores Independientes.

Se fundamenta en la ley de defensa de la competencia en cuanto «faculta ordenar, en cualquier estado del procedimiento, las medidas que sean aptas para prevenir una grave lesión al régimen de la competencia».

La medida ordena a las empresas y entidades que «se abstengan de realizar prácticas colusivas y, en particular, de aumentar el precio de los abonos por el término de 60 días». También ordena a las operadoras que ya hubieran practicado ajustes a retrotraer los valores a los vigentes en noviembre de 2009.

Uno de los problemas de la situación es que la televisión por cable no tiene precios regulados, sino que las prestadoras pueden fijarlos libremente. Hay precios regulados en los servicios públicos, como la telefonía, la electricidad o el gas. Hay precios libres en la telefonía celular y el servicio de internet, como en la TV por cable, porque no se consideran servicios públicos «esenciales».

Esa opinión viene siendo cuestionada por entidades de consumidores que sostienen que con el paso del tiempo y el acceso de importantes franjas de la población a esas prestaciones (en muchos casos, en localidades del interior sin posibilidad de alternativa) el Estado debería aplicar nuevas regulaciones.

En la Resolución 8, se infieren prácticas que «sugieren la existencia de un cartel de núcleo duro» debido a la simultaneidad en el tiempo en que fueron anunciados los ajustes por las distintas empresas en este año y en 2009, y por la similitud de argumentos utilizados, entre ellos, la suba de los costos por los aumentos en salarios e insumos.

La norma pone en un mismo plano a los grandes, medianos y pequeños prestadores.