Por ley, buscan controller para la Justicia porteña

Juan Manuel Olmos, Cristian Ritondo y Alejandro Bodart

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad lanzará un concurso clave para nombrar al titular de la Unidad de Aplicación de la Ley de Ética Pública, cargo surgido de la aprobación de esa norma y cuya zona de influencia se extenderá a todos los jueces y todos los funcionarios de los tribunales porteños. El mismo cargo deberá crearse en el Ejecutivo porteño y ya se activó en la Legislatura, donde el vicepresidente Cristian Ritondo eligió al exfiscal Fernando Molina.

Si bien había varios proyectos como para someter al recinto, finalmente se discutió uno elaborado por el macrismo que contó con apoyo unánime con excepción del legislador izquierdista Alejandro Bodart, en total 57 voluntades.

La ley se votó en la misma sesión que la Legislatura avaló el sistema de Boleta Única. Los kirchneristas se plegaron luego de insistir con un proyecto de ley muy similar a la Ley de Ética Pública que rige a nivel nacional.

La norma obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días desde la asunción de sus cargos y deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente en el curso del mes de marzo de cada año y presentar una última declaración, dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de cesación en el cargo. La obligación abarca a los tres poderes de la Ciudad.

El aspecto álgido de la norma es que aquellos que no cumplieran con la presentación de las Declaraciones Juradas podrían ser multados e incluso inhabilitados por diez años para ejercer cargos públicos.

Según el texto, también se prevé la creación de Unidades de Aplicación en los distintos poderes que tendrán sus propios reglamentos.

A diferencia de la Legislatura, donde Molina fue elegido directamente por Ritondo, la Magistratura porteña, actualmente en manos del peronista Juan Manuel Olmos, eligió concursar el cargo. Una puja por un cargo sensible y que servirá como anticipo de la última parte del año, cuando se renueven los representantes del estamento de los abogados en el cuerpo colegiado.

Los jurados del concurso, así como también su metodología serán seguidas de cerca por todos los sectores que se disputan el protagonismo en la Justicia porteña. 

Desde el macrismo, estiman, buscarán presentar un candidato con un CV nutrido y en lo posible con pasado judicial, tal como es el caso de Molina.

En el Poder Judicial esta Unidad de Aplicación tendrá un condimento especial ya que uno de los aspectos a observar son las supuestas incompatibilidades entre la función y determinadas actividades. En la ley, por ejemplo, hasta se menciona un probable régimen que regule la recepción de obsequios y presentes. En el caso del Poder Ejecutivo el eje será, además de las Declaraciones Juradas, el control de los procesos licitatorios.

El sistema para elegir al titular de la unidad de Aplicación es obvio ya que los magistrados no aceptarían tener un "controller" directamente elegido por el poder político, como sucede en la Legislatura.

En el plano judicial de la Ciudad habrá nuevas posiciones atractivas a cubrir mediante concursos que tendrán lugar en la Magistratura (que tiene un mecanismo más aceitado que el Consejo nacional). Se conoce que, en el segundo semestre, se esperan avances respecto de la creación de una Fiscalía de Investigaciones Administrativas que funcione dentro del Ministerio Público porteño.