Previsible adhesión a Emergencia Económica

Walter Barrionuevo, José Alperovich

La Ley nacional que prorroga hasta fines de 2011 la Emergencia Económica, sancionada por el Senado en noviembre, abre el abanico de las escasas alternativas que tienen las provincias con sus cuentas en rojo para encarar un nuevo año con algún tipo de perspectiva orientada a evitar el incremento del malestar social, que se desparramó a lo largo y a lo ancho del país durante 2009.

Jujuy encabeza la lista de los distritos que advirtieron que la adhesión a la norma nacional podría ayudar a minimizar el fuerte impacto de la crisis económica. En una sesión extraordinaria el lunes 7 de diciembre -solicitada por el gobernador Walter Barrionuevo-, Diputados aprobó la prórroga por dos años de la legislación de emergencia, que establece restricciones en las designaciones de personal, la suspensión de ejecuciones judiciales, el uso del crédito y la cesación de horas extras, entre otras medidas. La Cámara baja también aprobó el mismo día la adhesión a la Ley nacional de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que permitirá al mandatario contraer mayor endeudamiento.

Desde la Comisión de Finanzas de Diputados, el legislador justicialista Miguel Rioja fundamentó la necesidad de aprobar los dos proyectos del Ejecutivo porque en 2010 «la situación será difícil» porque «cuando se para la economía, para que se active de nuevo hay que esperar a que pasen seis o siete meses». Además, agregó que «cuestiones básicas como el pago de los sueldos a los empleados públicos dependen de estas herramientas».

En tanto, Tucumán se apresta a seguir los pasos de los jujeños pero con una norma propia. Para la última sesión de la Legislatura, prevista en principio para el 18, el gobernador José Alperovich planeaba concretar la prórroga junto con la aprobación del Presupuesto 2010. Sin embargo, como la Corte Suprema de Justicia provincial declaró inconstitucional la ley que se buscaba extender, actualmente en vigencia, el mandatario ensaya una nueva estrategia y sugirió la necesidad de enviar otro proyecto para que sea tratado por el Parlamento. «Se está haciendo una nueva ley de Emergencia Económica, no es una prórroga, porque la anterior la han declarado inconstitucional en la Corte y tengo que ser respetuoso con ese fallo», aseveró Alperovich, al tiempo que justificó la medida porque «estamos con problemas y queremos evitar embargos. Si empiezan a entrar los embargos, no se van a poder pagar los sueldos».

Así las cosas, los mandatarios de otras provincias estudian por estos días plegarse a las decisiones de sus pares del noroeste. Jujuy, por un lado, optó por la adhesión a la norma nacional, y por otro, Tucumán define los detalles para su propio marco legal auspiciado por el oficialismo a fin de proteger el dinero provincial. En efecto, cada distrito tiene sus particularidades, pero en lo que la mayoría coincide es en el claro propósito de contar con mayores alternativas para encarar un nuevo año con más holgura financiera.

A nivel nacional, la Emergencia Económica a la que adhirieron los jujeños fue impuesta por el Ejecutivo como consecuencia de la crisis que el país atravesó en 2001 con la abrupta salida de la convertibilidad económica que rigió en los 90. La ley, que desde enero de 2002 se prorroga todos los años, faculta a la Presidencia a fijar tarifas, renegociar los contratos de los servicios públicos privatizados, regular precios de la canasta básica, postergar pagos de sentencias judiciales y reordenar el sistema financiero, entro otros tópicos. La nueva prórroga, esta vez por dos años, fue expuesta en el recinto del Senado de la Nación por la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, que argumentó a favor de extender la vigencia de la ley para continuar la renegociación de contratos con concesionarios de servicios, los planes sociales y la situación sanitaria.