PRO le pidió a Garré que explique retiro de federales de la Ciudad

• Bloque macrista aseguró que la decisión fue «ilegal» y amenaza con denuncia penal

Los diputados del PRO le solicitaron a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que se presente al Congreso para informar sobre el retiro de la Policía Federal de la Ciudad, decisión que calificaron de «ilegal».

Diputados del bloque del PRO presentaron ayer un proyecto para solicitarle a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que presente ante el Congreso de la Nación el informe sobre el retiro de la Policía Federal de la custodia de diversos lugares y edificios de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido es, ante todo, un gesto político, ya que la titular de la cartera no está obligada a presentarse ante los legisladores.

La propuesta fue impulsada por los diputados Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Gladys González y Silvia Majdalani, quienes afirmaron a través de un comunicado que «con las medidas de reducir la presencia y actividad de la Policía Federal en el área metropolitana, la ministra de Seguridad ha traído el aumento de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires».

«Primero retiró a la Policía Federal de edificios públicos y hospitales, luego dejó sin efecto la seguridad en los subtes y finalmente la ministra ha anunciado un nuevo retiro de efectivos, esta vez de la red de autopistas que atraviesa la Capital de la República», argumentaron los referentes del PRO.

En este punto, los legisladores agregaron que «estas medidas muestran a las claras que la ministra de Seguridad está ejecutando un plan preconcebido destinado a complicar la tarea del Gobierno de la Ciudad, pero también a perjudicar la seguridad de quienes viven o transitan en ella».

En abril de 2010, la cartera de Garré decidió de manera unilateral comenzar el retiro de policías federales que vigilaban unos 114 edificios públicos, así como las autopistas porteñas y la red de subterráneos. El argumento central del Ministerio de Seguridad fue la creación de la Policía Metropolitana, fuerza de seguridad exclusiva de la Ciudad, como indica la Constitución de 1994. La medida, sin embargo, no deja de generar cruces, ya que los funcionarios porteños han insistido repetidamente en que aún no tienen el personal suficiente para cubrir la vigilancia que antes era responsabilidad de la Policía Federal.

En este contexto, una de las críticas más importantes que destaca el proyecto presentado por el PRO es «la insólita decisión del Gobierno nacional de prohibir a la Policía Federal prestar servicios adicionales, remunerados, de seguridad a una sola entidad: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires». Por este motivo, el Gobierno porteño tuvo que recurrir a empresas de seguridad privada, decisión que también generó polémica en su momento.

En el escrito presentado ayer, los diputados del PRO también destacaron que el retiro de los oficiales federales «fue anunciado con escasísima antelación para dificultar aún más el reemplazo de la fuerza que naturalmente debería ocuparse de esa tarea».

Los legisladores resaltaron que la ministra «sabe perfectamente, o al menos debería saberlo», que la Policía Metropolitana «aún no cuenta con los efectivos, los pertrechos y los recursos necesarios para reemplazar a la Policía Federal», además de recalcar que no se había definido la «necesaria reasignación de recursos» como dicta el artículo 75 de la Constitución nacional para que la Ciudad pudiese afrontar estas nuevas responsabilidades.

Frente a este panorama, el bloque de Diputados del PRO criticó la postura adoptada por Garré y aseguró que «la ministra habría actuado ilegalmente, porque resultarían vulneradas diversas disposiciones legales y aun constitucionales», así como resaltaron: «Podríamos estar ante un caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Dentro de los puntos que los legisladores le piden a la ministra que informe se encuentran la fundamentación de retirar a la Policía Federal, explicar los acuerdos entre Nación y Ciudad que justifican este proceder, precisar cuáles son los nuevos destinos de los oficiales retirados de los edificios porteños, así como explicar las causas por las que se le impide al Gobierno porteño contratar el servicio policial adicional de la Federal, como está contemplado en la ley.

En este sentido, el escrito concluye justificando la citación ante la «extrema gravedad» de los hechos señalados que, según enfatiza, afectan «para peor el ya preocupante nivel de seguridad de la Ciudad».