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Pros y contras del fallo a favor en Inglaterra
Por lo pronto, por los motivos que sean, lo obvio ha sido intencionalmente ignorado por el juez Griesa con el objeto de forzar a la Argentina a cumplir con su sentencia y merece ser aclarado. Para el controvertido juez, la "injunction" contra el BoNY tiene más efecto si abarca la universalidad de bonos del canje (exchange bonds), aunque la jurisdicción y ley aplicable no sea Nueva York. Que la Justicia inglesa se pronuncie sobre lo obvio tiene en este caso una utilidad innegable para el BoNY, o para los euro bond holders, ya que les permitiría solicitar al juez Griesa nuevamente que haga una excepción por una única vez y libere al banco de la restricción impuesta.
En efecto, la declaración del juez Richards no impide al BoNY, en su capacidad de trustee, de presentar su sentencia al juez Griesa cuando el mismo y sus abogados lo estimen pertinente y soliciten la liberación de los fondos. Así lo indicó claramente Richards en su fallo: "It is a matter for the trustee to decide, with its attorneys, the proper time and way, if at all, to bring this judgment and order to the attention of the US courts". Queda por lo tanto ver de qué manera y cuándo el BoNY decide usar la sentencia inglesa. En mi opinión, la manera menos controversial sería pedir una excepción como hizo el Citibank, esta vez con sustento judicial firme de una corte inglesa. Este pedido debería serle solicitado al BoNY por los abogados de los bonistas reestructurados que plantearon la acción judicial en Londres. El juez del Reino Unido no hizo lugar al pedido de ordenar al BoNY que pague porque hubiera sido una confrontación muy grave dado que la cuestión no se ventiló en su corte. Griesa estuvo inteligente en rechazar la "invitación" que le formularon los bonistas reestructurados en noviembre a través de sus abogados Latham & Watkins de intervenir u opinar en el caso.
Ahora bien, me parece que Griesa debería hacer lugar a un pedido de excepción para evitar críticas a la fundamentación de sus fallos. Al fin de cuentas, para Griesa dicha excepción no hace al fondo de la cuestión sino que es una medida que tenía por fin sólo forzar a la Argentina a pagar para evitar las consecuencias de un default técnico. Ahora éste ya fue declarado. Que se liberen estos pagos ahora no modifica la cuestión, ya que el default técnico ha sido ya declarado. Tampoco esos fondos pueden ser embargados, como explico más adelante en esta nota. Para qué retenerlos, entonces. Por lo tanto, otorgar la excepción no causa un perjuicio al derecho de los holdouts.
El pago en cuestión suma 225 millones que fueron transferidos por la República Argentina a la cuenta del trustee en el Banco Central de la República Argentina y que se mantiene allí en su nombre en su carácter de fideicomisario de acuerdo con el Trust Indenture entre la Argentina como Issuer y el BoNY como trustee de fecha 2 de junio de 2005 (sujeto a las leyes inglesas). Hay algunas opiniones que pregonan que el BoNY no tiene que pedir autorización a Griesa ya que podría transferir o ser forzado a transferir los fondos porque están depositados en una cuenta del Banco Central a nombre del BoNY en Buenos Aires. El BoNY podría transferir dicha suma a sus legítimos beneficiarios bajo la suposición de que al transferirlos no pasarían por la jurisdicción de Estados Unidos.
Nuevamente la realidad supera a la teoría. Para ello el BoNY debería arriesgar su licencia como trustee en Nueva York. En efecto, el BoNY como trustee está autorizado y registrado en Nueva York y sujeto a las leyes y jurisdicción de Nueva York. Aunque las transferencias no pasen por Estados Unidos, los actos y decisiones estarán emanados del BoNY (institución regida por el estado de Nueva York) y por lo tanto estarían violando la "injuction" arriba mencionada. Si bien Griesa podría dudar en acusar a un Estado soberano como la Argentina "in comptemt of court", no dudaría en hacerlo con el BoNY.
Entre los efectos positivos del fallo para la Argentina vale la pena tener en cuenta entre otros que la decisión despeja cualquier duda que pudieran tener bancos o inversores europeos sobre futuras emisiones que la Argentina quisiera emitir bajo esa jurisdicción en búsqueda de fuentes de financiación externa, y en cuanto a los fondos que iniciaron el juicio en Inglaterra, obtener una sentencia declarativa que pudieran usar en futuras acciones, ya sea como defensa o para peticionar futuras acciones legales. La reacción del mercado fue más que positiva. El valor de los euro bonds subió casi un 4%.
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