Protesta por juicios a militares

La cotidianidad en el Ministerio de Defensa se vio ayer interrumpida con la aparición de Cecilia Pando y un grupo de esposas de militares acusados de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar, quienes se encadenaron en el frente del Edificio Libertador para exigir una entrevista con la titular de esa cartera, Nilda Garré (ayer en San Juan) y los generales al mando de las Fuerzas Armadas.

Funcionarios de la cartera les solicitaron que levantaran la protesta y pidieran una entrevista con la titular de la cartera por los canales habituales, a lo que las manifestantes se negaron. En consecuencia, Defensa presentó una denuncia penal por los supuestos delitos de extorsión y ocupación arbitraria de Ministerio.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar al planteo y a última hora de la tarde dispuso intimar al grupo de mujeres para que se retiraran del edificio, quienes lo hicieron a eso de las 20.30.

El pedido puntual de este grupo de mujeres era entrevistarse con la ministra y la plana mayor militar, para solicitar que todos los imputados con prisión preventiva y condenados por delitos de lesa humanidad sean transferidos de las cárceles comunes, donde se encuentran actualmente, a unidades militares. El argumento central es que muchos de ellos tienen más de 50 años y presentan problemas de salud para los que los penales comunes no están preparados.

«Las instituciones no pueden seguir mirando al costado, como si nunca hubieran conocido a nuestros familiares y amigos. Ellos están siendo juzgados por pertenecer al Ejército Argentino, a la Marina de Guerra o a la Fuerza Aérea», sostuvo Pando, pero desde la cartera de Defensa destacaron que esa decisión no es competencia del Ministerio, sino de la Justicia federal.