Purga en Policía porteña: desplazan a 34 agentes

• Es la segunda del año.• Suma a descabezamiento provocado por caso de espía

Eugenio Burzaco

El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, tiene previsto hoy disponer el desplazamiento de 34 integrantes de la fuerza, de los cuales 14 ocupan cargos jerárquicos. Será la segunda purga del año de la nueva institución de la Ciudad de Buenos Aires, que también fue descabezada antes de debutar en su actividad, en 2009, como consecuencia del caso de presunto espionaje.

En enero pasado fueron desplazados 15 policías que reportaban diferentes jerarquías, entre ellos dos superintendentes, todos ex agentes de la Policía Federal, que habrían arribado a la Metropolitana de la mano de Jorge «Fino» Palacios, el ex titular de la fuerza que se encuentra detenido tras ser imputado en el caso de las escuchas ilegales.

Como nueva medida para evitar que salten antecedentes de más policías, nombrarán al frente de una comisión que revisará los legajos de los ingresantes, al decano de la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano, Andrés Fontana, quien ya viene trabajando con Burzaco.

La decisión del «pase a disponibilidad» de los 34 agentes, mientras se posa la lupa en sus legajos, la tomaron el sábado por la tarde el jefe policial y el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, luego de conocerse que estaban involucrados en causas judiciales. Lo curioso es que los funcionarios no hayan tenido conocimiento antes de esas situaciones, especialmente cuando el 70% de los ingresantes a la Metropolitana pasaron por la Federal, y dentro de ese plantel los 14 comisarios ahora investigados. Para más, los datos reactivaron la crítica de los legisladores de la oposición que acusan al PRO de no haber dejado funcionar una comisión, precisamente para revisar los antecedentes de los policías, que se creó tras el escándalo de las escuchas que mantiene imputado y detenido al espía Ciro James.

En principio, mientras se instruyen los sumarios, el ministerio intentará analizar cada caso para resolver si en alguno de ellos puede reincorporar a los policías cuestionados, pero los más complicados, según explicaron fuentes del ministerio «son los 20», que pertenecen a la tropa.

La semana pasada fue desplazado el comisionado Miguel Ángel Colombo por descubrirse que se encontraba imputado como presunto integrante de una banda de protección a prostíbulos, en una causa que se elevará a juicio oral. En ese momento los funcionarios de Seguridad se mostraron sorprendidos por desconocer esos antecedentes y adjudicaron al sistema de expedición de los certificados de reincidencia la falta de información.

Al salir al cruce del nuevo conflicto en la Metropolitana, Montenegro anticipó que a partir de la situación la incorporación de nuevos agentes a la fuerza porteña dejará de estar a cargo de policías para pasar a manos de «un civil», que sería un representante del Instituto de Seguridad Pública, donde se forma a los efectivos metropolitanos. Ayer el ministerio anticipó que ese civil será Ángel Fontana y que además piensa convocar a organizaciones no gubernamentales para que monitoreen los legajos.

La decisión de admitir allí a un colaborador de Burzaco importa en las relaciones entre el jefe policial y Montenegro, de quien depende la Metropolitana (PM). Se asegura en esas dependencias que aún el ex juez no termina de brindarle al jefe policial toda su confianza. Es que Burzaco en su momento fue aspirante a ese ministerio por haberse ocupado durante la campaña electoral de Mauricio Macri de los equipos de seguridad del PRO. Pero finalmente el jefe porteño se inclinó por el candidato propuesto por Gabriela Michetti, el ex juez del caso Skanska. Al punto que aducen que la información sobre los antecedentes de los policías que ahora quedan al descubierto habrían salido a la luz como parte de esa presunta interna.

Hasta ahora, inclusive, Burzaco no sólo no ha tenido injerencia en la incorporación del personal policial, sino que tampoco la tiene sobre la formación de los agentes. Pero con la nueva comisión que estará a cargo de Fontana, comenzará a tener alguna decisión sobre el tema.

Ayer, ante los micrófonos radiales, Burzaco explicó que a todos los ingresantes se les pide «el informe de la fuerza de la cual fue parte, el legajo y un certificado del registro de reincidencia criminal respecto de si tiene una causa penal pendiente».

Dijo que «en el caso de Colombo no figuraba esto. Nosotros no tenemos elementos para saber si esa persona tiene antecedentes penales» y que los policías «aceptan un juramento, en el que indican que no están en situaciones penales, y nos tienen que avisar si cambia su situación procesal», mecanismos que evidentemente fallaron.

Además el ex diputado se quejó porque «no todos los jueces mandan al registro a las personas procesadas» y que también puede haber inconvenientes administrativos y así «puede pasar que una persona haya sido sobreseída y nunca se dio el aviso. Hay que achicar el margen de error para que no vuelva a suceder», prometió el funcionario.