La Sala II del tribunal resolvió ayer aceptar como parte querellante en la causa a un sindicato y a organismos de derechos humanos, y en consecuencia revocó el archivo que había dispuesto el juez Lijo. Con esa resolución, los denunciantes originales podrán impulsar la investigación y ofrecer pruebas sobre las acusaciones en contra del gremialista.
La definición de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah no podía llegar en un peor momento político para Martínez. Como miembro de la CGT oficialista y dirigente de confianza de Cristina de Kirchner debe lidiar con los sectores de esa central, que encabeza Antonio Caló, que pretenden endurecer su postura contra el Gobierno ante la falta de respuestas a sus reclamos.
La causa arrancó en julio de 2012 a partir de una denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic, un gremio paralelo a la UOCRA, pero sin personería) junto con agrupaciones sociales y organizaciones de derechos humanos, en la que se pedía a la Justicia investigar la participación del dirigente en la estructura del Batallón 601, a partir de su eventual responsabilidad en la desaparición de 105 albañiles durante la última dictadura.
En septiembre, y a instancias de un dictamen del fiscal federal Jorge Di Lello, el juez Lijo archivó las actuaciones luego de recibir un informe en el que quedaba constancia de que la participación de Martínez en el área de Inteligencia había sido posterior a las desapariciones denunciadas.
Ayer, la Sala II se diferenció del magistrado y resolvió aceptar la participación como querellantes de los representantes del Sitraic; la Asociación de ExDetenidos-Desaparecidos (AEDD); la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Liberpueblo, y la CTA. El patrocinio legal de los denunciantes quedará a cargo de los abogados María del Carmen Verdú (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi), Luis Bonomi (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Claudia Ferrero (Asociación de Profesionales en Lucha, APEL).
Denuncia
En su momento, Lijo les había negado el rol de querellantes por entender que, al quedar desvinculado Martínez de las sospechas por las desapariciones, no tenía razón de ser su participación en el expediente como acusadores. El juez alegó, además, que los denunciantes no habían acreditado su condición de damnificados.
En cambio, la Cámara sostuvo ayer en su resolución que con su aceptación en el rol de querellantes el Sitraic y los organismos podrán "impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción y argumentar sobre ellos". Durante la instrucción de la causa las organizaciones habían planteado su interés en aportar pruebas del presunto nexo entre el jefe de la UOCRA y las desapariciones.
Aunque había quedado probada la integración de Martínez al Batallón 601 como "agente civil de Inteligencia", Lijo lo había desvinculado por la fecha de ingreso que figuraba en la documentación reservada que aportó la Secreta-ría de Derechos Humanos: 1 de marzo de 1982. Según los denunciantes, las desapariciones se habían producido entre 1976 y 1977.
Pocos días antes del archivo de la causa, el dirigente había recibido en la sede de su gremio la visita del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto.
| Mariano Martín |
Dejá tu comentario