Reabren el Congreso para blindar DNU

Jorge Landau

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe analizar los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo, se reunirá mañana en el Senado para debatir una reasignación de partidas presupuestarias. El presidente de la comisión, el diputado del Frente para la Victoria Jorge Landau, informó que la reunión fue convocada «con el fin de debatir un decreto de reasignación de partidas del Presupuesto de 2012 sobre fondos especiales para municipios».

El decreto fue emitido a fin de año y fue comunicado al Parlamento a mediados de enero, explicó el legislador del Frente para la Victoria (FpV). La comisión, que marcará el retorno a la actividad legislativa interrumpida por el receso veraniego de enero, fue citada para mañana a las 12:00 en el salón «Arturo Illia» del Senado.

Además de Landau integran el cuerpo los senadores del FpV Miguel Pichetto y Beatriz Rojkés de Alperovich; de la UCR, Ernesto Sanz y Luis Naidenoff y la diputada Diana Conti, entre otros. A través del DNU 2.609, el Gobierno de Cristina de Kirchner reasignó partidas del Presupuesto 2012 por 6.000 millones de pesos. Así lo indica el Decreto de Necesidad y Urgencia que, con la firma de la Presidente y con fecha del 27 de diciembre, fue publicado en el Boletín Oficial.

La norma reasigna recursos por 5.979 millones de pesos, de los cuales 4.500 millones son aportados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y 1.479 millones de pesos por el Banco Central (BCRA). La medida faculta además a la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete «a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones».

De los 1.479 millones de pesos aportados por el BCRA, 1.129 millones serán destinados a cubrir obligaciones a cargo del Tesoro nacional con las provincias, en tanto que los 350 millones restantes son para el programa «Política e infraestructura penitenciaria», a cargo del Ministerio de Justicia. En lo que hace a los 4.500 millones de la ANSES, ese monto surge de la venta de títulos y valores por 1.330 millones de pesos, la misma cantidad por disminución de otros activos financieros, 1.290 millones del Fondo de Garantía de la Seguridad Social y los 550 millones restantes de ingresos corrientes del organismo.

Desde la UCR anticiparon el rechazo al DNU, pese a que el cristinismo tiene mayoría en la comisión bicameral que deberá ratificarlo. «El reciente DNU disponiendo la asistencia directa del Gobierno nacional a los municipios importa un doble agravio a las instituciones de la Constitución: por un lado, el PE una vez más se arroga para sí facultades legislativas propias e indelegables del Congreso, y esta vez lo hace avanzando gravemente sobre la autonomía de las provincias, consagrada en los artículos 5, 121, sts. y concordantes de la Constitución nacional», señala el bloque de diputados nacionales de la UCR.

A través de su presidente de bloque, Ricardo Gil Lavedra; y su secretario general, Juan Pedro Tunessi, el radicalismo remarca que «el uso de los dineros públicos para el disciplinamiento político y electoral del territorio es una práctica reiterada en un Gobierno dispuesto a todo para consolidar su poder, llegando incluso a la extorsión. Se intenta por este medio deslegitimar a los gobernadores díscolos y cooptar a los intendentes, que necesitados de fondos sólo tengan el camino de la sumisión política para obtenerlos».