En este caso, individuos no identificados dispararon contra un grupo de civiles en motocicleta que intentaba levantar una barricada colocada en el este de Caracas por sectores opositores al Gobierno. El accionar de las víctimas respondió a un llamado de Maduro, el miércoles: "A las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (grupos de militancia civiles), a los obreros y campesinos, a hacer valer la orden de nuestro comandante Hugo Chávez: candelita que se prenda, candelita que apagamos con nuestro pueblo".
Luego del tiroteo, los grupos de motociclistas que habían intentado liberar la obstrucción provocaron destrozos en los portales de algunos edificios de la zona, desde cuyos pisos superiores les lanzaban objetos contundentes.
La presencia de civiles armados afines al Gobierno que se movilizan en motocicletas para amedrentar o agredir a opositores ha sido una denuncia constante de los antichavistas, mientras desde el Gobierno niegan su existencia y retrucan que hay francotiradores mercenarios a sueldo del ultraderecha.
Los incidentes de ayer estallaron mientras organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y relatorías de las Naciones Unidas examinan la situación en Venezuela y reclaman al Gobierno que investigue las decenas de denuncias de abusos policiales.
La reunión de la OEA para analizar la crisis venezolana fue solicitada por Panamá, país al que Maduro, en un encendido discurso el miércoles frente a la tumba de su mentor Hugo Chávez, acusó de tratar de "crear las condiciones para justificar una intervención militar".
En un intento por frenar las protestas que han dejado 20 muertos, casi 300 heridos y decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos, el vicepresidente Jorge Arreaza instaló ayer una mesa de diálogo en San Cristóbal, en la frontera con Colombia. Será la primera mesa de diálogo regional, luego de la apertura de una nacional en Caracas por Maduro y que fue boicoteada por los estudiantes y la variopinta alianza opositora Mesa de Unidad Democrática, liderada por Henrique Capriles, derrotado en la presidencial de abril con el 49% de sufragios.
Venezuela es escenario, desde el 4 de febrero, de manifestaciones que comenzaron con una protesta estudiantil en San Cristóbal, luego de un intento de violación en un campus universitario. Las marchas, a las que se sumaron sectores radicales de la oposición que piden la renuncia del Gobierno electo hace 11 meses, se extendieron a todo el país denunciando altísimas tasas de homicidio, inflación y recurrente escasez de bienes básicos. El Gobierno sostiene que las protestas son parte de un golpe de Estado en desarrollo a cargo de lo que define como grupos fascistas, con participación de EE.UU. y Colombia.
La acusación a Panamá y la ruptura de relaciones diplomáticas ocurrieron poco después de un gigantesco desfile militar con el cual la Revolución Bolivariana exhibió sus músculos, un poderío financiado con millardos de petrodólares del país que cuenta con las mayores reservas mundiales de crudo.
Blindados rusos, cazas supersónicos, misiles de última generación, tropas femeninas de asalto, regimientos paracaidistas, batallones de francotiradores, columnas de tropas antimotines para control de manifestaciones: el Gobierno homenajeó el miércoles a su fallecido comandante supremo Hugo Chávez y envió un mensaje a quienes, afirma, buscan derrocarlo desde adentro y desde afuera.
Ayer también, desde Ginebra, cuatro relatores de la ONU en las áreas de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de asociación y tortura reclamaron a Caracas que investigue en forma urgente "las denuncias de numerosos casos de detención arbitraria de manifestantes". Los informes procedentes de Ginebra agregan que de acuerdo con las denuncias algunos de los detenidos "fueron presuntamente golpeados y gravemente torturados".
| Agencias AFP, Reuters, ANSA y DPA |
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