Reforma: la pelea pasa desde el lunes a Tribunales

Cristina de Kirchner

Comienza el conteo regresivo para el inicio de la disputa judicial por la reforma del Consejo de la Magistratura. La elección de consejeros por la vía electoral y la modificación de las mayorías necesarias para la remoción de jueces serían promulgados el próximo martes en el Boletín Oficial. El siguiente escenario será un aluvión de amparos contra la nueva norma por parte de jueces, abogados y partidos políticos. Ya se han anunciado recursos de "per saltum" para que la cuestión desembarque sin escalas en la Corte Suprema.

Panorama útil para entender que Amado Boudou haya girado la norma al Poder Ejecutivo con algún delay, tal como se pidió desde la Casa Rosada. El proyecto se aprobó el miércoles 8 de mayo pero de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, el plazo de 10 días para la promulgación de hecho corre a partir de la comunicación de la sanción al Poder Ejcutivo, algo que sucedió días después.

Las denuncias que se presenten a partir de la semana que viene tendrán un diferencial de las que fueron rechazadas hasta el momento en el fuero Contencioso Administrativo: los demandantes serán afectados directos, en el caso de jueces y abogados porque entienden que la reforma choca con la Constitución (allí se establece que la representación de éstos en el cuerpo colegiado debe provenir del propio estamento) y en el caso de los partidos, los planteos de los minoritarios tendrás más validez ya que se ven perjudicados por la obligación de tener presencia en 18 distritos electorales.

A principios de esta semana el constitucionalista Andrés Gil Domínguez ya anticipó que formulará un "per saltum" ante la Corte. En el máximo tribunal saben que se termina el momento del silencio. Los ministros conciben a la reforma en dos partes: una que se judicializará y otra más vinculada a las atribuciones administrativas del Poder Judicial. Sobre la primera, hasta ahora han guardado silencio con el objetivo de evitar cualquier intento de recusación. Sobre la segunda han desarrollado negociaciones subterráneas del más alto nivel que incluyeron un "teléfono rojo" casi sin intermediarios entre Ricardo Lorenzetti y Cristina de Kirchner.

Conversaciones que lograron cambiar la letra chica inicial de los proyectos pero que igualmente dejaron luces amarillas, en especial porque lo que no se modificó es la posibilidad del Gobierno de acceder al fondo de ahorro de la Corte (unos 5.000 millones de pesos) a cambio de bonos emitidos por el Ministerio de Economía.

Será una onda expansiva. Los amparos llegarán al fuero contencioso, la Justicia electoral y la Corte. Al mismo tiempo habrá presentaciones en distintos puntos del país por parte de jueces y abogados provinciales. En el oficialismo saben que será imposible detener todos los embates especialmente en el interior donde las cámaras federales tienen competencia múltiples. Los titulares de estas instancias, agrupados en la Junta de Cámaras que conduce el titular de la Casación, Gustavo Hornos, ya han expresado su rechazo a la reforma.

En la Capital, el gremio de jueces que controla la lista Bordó (opositora) convocó a dos exnegociadores del Pacto de Olivos para litigar contra el Gobierno: Alberto García Lema y Enrique Peixao. Giro del destino: en 1994 asesoraron a Carlos Menem y a Raúl Alfonsín para reformar la Constitución, ahora la política ha vuelto a unirlos pero esta vez del mismo lado del escritorio.

Tácticas y estrategias que tienen su efecto en la arena política: en general los partidos políticos, incluso el kirchnerismo, no realizan planes sobre los candidatos que presentarían para integrar el Consejo de la Magistratura. Se ha instalado la creencia de que la reforma del cuerpo colegiado es el aspecto más vulnerable a nivel constitucional del paquete de leyes aprobado por el Congreso.