14 de junio 2013 - 00:00

Reforma llegó a la Corte (y el fallo es inminente)

Eugenio Zaffaroni
Eugenio Zaffaroni
La Corte Suprema de Justicia aceptó ayer el recurso de "per saltum" formulado por el Gobierno contra el fallo de la jueza electoral María Servini de Cubría que declaró como inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. Con esta determinación, la norma entra nuevamente en vigor. La resolución llevó la firma de todos los ministros con la excepción de Eugenio Zaffaroni, quien no se encontraba en el país. Los secretarios letrados del máximo tribunal recomendaron aceptar el recurso aunque sus anotaciones son coincidentes en las críticas a la nueva ley. Los tiempos son veloces: anoche ya eran notificadas las dos partes demandantes (Colegio Público de Abogados y Partido Demócrata Cristiano). Los abogados del Estado preparan su descargo para el próximo jueves.

El recurso extraordinario presentado por el oficialismo fue concreto, se basó en una sentencia desfavorable de primera instancia (la de Servini de Cubría) y fue formulado por la Procuración del Tesoro y no por la Jefatura de Gabinete. Tres giros respecto del último intento del Gobierno de acudir a la Corte que fue criticado por los ministros en diciembre de 2012, en plena pelea por la Ley de Medios por múltiples inconsistencias jurídicas.

La Corte aceptó el recurso y en la resolución recordaron que la elección de consejeros vuelve a estar vigente hasta que un fallo la deje sin efecto. "Al encontrarse en curso un cronograma electoral estructurado en diversas etapas que se integran con plazos breves y perentorios explícitamente contemplados, sólo la decisión final por parte de esta Corte de las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego en estas actuaciones", sostiene la resolución que aceptó el "per saltum".

El elenco de letrados del Estado ofrece cambios tácticos: ante Servini de Cubría el descargo -siempre auspiciado por la procuradora Angélica Abbona- fue redactado por Ricardo Amaro, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior. Sin embargo, ayer el recurso ante el máximo tribunal llevó la firma del abogado Héctor Bavasso. Se espera que hoy el oficialismo también se presente ante la Cámara Electoral.

Una vez que las partes demandantes se expresen llegará el descargo del Estado y luego se correrán vistas a la Procuración General. En una semana la Corte podría expedirse, más aún si se considera que el objetivo es llegar a un fallo antes del 22 de este mes, cuando expira el plazo para presentar candidatos a las primarias.

El máximo tribunal en principio sólo se expedirá sobre la elección de consejeros. Luego, se da por descontado en el cuarto piso de la calle Talcahuano, llegarán las otras leyes de la reforma. Al mismo tiempo la Corte ha organizado una agenda sensible de causas a resolver como es el caso del cepo cambiario, la expropiación del predio ferial de La Rural y las designaciones de Alejandra Gils Carbó de fiscales sin acuerdo del Senado. El ejemplo más contundente de esto último fue el fallo de la semana pasada sobre el embargo impuesto por la Cámara Civil a la petrolera Chevron, actualmente socio clave de la política energética del kirchnerismo. Asuntos a conversar en los plenarios de los martes por la mañana pero también en los canales más subterráneos que por estos días vinculan a la Corte con Balcarce 50.

Dos "issues" que adquieren peso en esos "alegatos de oreja" y que nadie pierde de vista: la definición final sobre la ley de edios y el destino del fondo anticíclico de 5.000 millones de pesos que ostenta la Corte y que, según la norma avalada en el Congreso, el Gobierno podría cambiarlos por bonos del Ministerio de Economía ya que se unificaron los presupuestos de ambos poderes. Un detalle: el Consejo de la Magistratura ya se quedó sin fondos para pagar los sueldos del corriente año del Poder Judicial con lo cual el capital de la Corte tiene un valor sideral ya que de allí se pagan los haberes.

Ayer el Gobierno también impulsó su apelación en el fuero Contencioso Administrativo federal. Desde ese ámbito partieron una decena de medidas cautelares contra la reforma del Consejo y el límite a dichos recursos suspensivos cuando éstos involucran al Estado.

La jueza Liliana Heiland, una de las magistradas que apuntó contra la reforma, le aceptó la apelación al oficialismo con un detalle: a contramano de la nueva ley, la apelación no suspende su fallo inicial ya que, asegura, ésa es una atribución de la Cámara. Al igual que hace díez días en el fuero Civil y Comercial Federal, estos jueces se aferran a la normativa anterior para desentenderse por completo del nuevo sistema que regula las cautelares.

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