Reglamentaron ley de medicina prepaga: rigen cambios clave

La definición sobre cuánto deberá pagar un paciente con una patología preexistente si quiere afiliarse a una empresa de medicina prepaga quedó en manos de la Superintendencia de Servicios de Salud, un organismo que depende del Ministerio de Salud. De todos modos, y tal como ya se había establecido en la ley, las prepagas deberán atender todas las prestaciones previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Así lo determina el decreto que -con las firmas de la presidente Cristina de Kirchner; el ministro de Salud, Juan Manzur; y su par de Desarrollo Social, Alicia Kirchner- reglamentó la controvertida ley de medicina prepaga, que había sido sancionada a mediados de este año, y cuyo aspecto más cuestionado por los empresarios del sector fue justamente el tema de las preexistencias.

La norma indica que la Superintendencia determinará caso por caso cuál será el monto que deberá afrontar el paciente para poder asociarse a una empresa que no lo tenía como usuario.

Dificultades

Esa oficina tiene 90 días hábiles a partir de ayer para darle un valor monetario a cada enfermedad. En la industria se advirtió de las dificultades para cumplir con esta regla justamente por la complejidad y la variedad de las patologías.

El decreto las divide en tres tipos básicos:

las crónicas (el sida es un ejemplo típico): el socio padece de una enfermedad y seguirá así para siempre;

las temporarias (un accidente vial que provoca fracturas múltiples al paciente y permanece en esa condición por un plazo que no puede exceder los tres años; pasado ese lapso el paciente pagará la cuota regular);

los casos puntuales (embarazos, operaciones programadas) o de alto costo.

Desde la industria intentarán explicar que para determinar valores no es lo mismo una gran empresa que interna a sus afiliados en los mejores sanatorios del país, que una pequeña o mediana prepaga que atiende en hospitales públicos.

Un fuerte empresario del sector le dijo a este diario que hay patologías cuyo tratamiento puede costar hasta $ 10 millones anuales; un hemofílico, por caso, podría requerir drogas que cuestan entre seis y ocho millones de pesos anuales; si ese paciente debe ser aceptado por una empresa privada, esas empresas sin dudas pedirán asistencia al Estado para afrontar juntos ese costo. «De lo contrario, puede quebrar el sistema», dijo el empresario.

Otro aspecto de la actividad que queda -a partir de la reglamentación- a criterio de la Superintendencia de Salud es la estructura de costos de las empresas, fundamental para que ese organismo autorice los incrementos de cuotas. Las prepagas tienen que solicitar como sector, no por empresa, ajustes tarifarios que se producen dos veces al año. La Superintendencia -lo mismo que en el caso de las preexistencias- tiene 90 días para definir cómo se compone la estructura de costos de cada firma.

Inadvertida

De todos modos, ese no parece ser un tema crucial para nadie: hoy en la Argentina la medicina privada atiende a unos 4,5 millones de clientes, de los cuales cerca de tres millones no pagan cuota alguna porque reciben el beneficio a través de algún convenio de su empleador o de su obra social con la prepaga; el restante 1,5 millón de usuarios pertenece en su gran mayoría al segmento de mayores recursos de la población. Así, los aumentos de cuota pasan casi inadvertidos porque los tres millones de afiliados indirectos ni se enteran de que cada vez que les aumentan el sueldo también se incrementa lo que va a parar a la prepaga; al otro 1,5 millón le suben la cuota dos veces al año; el último incremento fue del 9%. Las subas seguirán requiriendo la luz verde de la Superintendencia y de la Secretaría de Comercio Interior.

La reglamentación deja en un pie de igualdad a las empresas de medicina privada y a los denominados «hospitales comunitarios» (Italiano, Británico, Alemán, etc.): si estos sanatorios «venden» servicios de salud recibirán el mismo tratamiento -en todo lo que hace a la ley- que las firmas del sector.