Remedios: confirman el proceso a Capaccioli

El exsuperintendente de Salud Héctor Capaccioli quedó más cerca de afrontar un juicio oral como supuesto miembro de una asociación ilícita en la causa por la denominada «mafia de los medicamentos». La Cámara Federal confirmó el procesamiento en contra del recaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner en 2007 y le trabó embargo por un millón de pesos.

La Sala II del tribunal ratificó el procesamiento por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y lo revocó en cuanto a las imputaciones por presunta «defraudación y negociaciones incompatibles» con la función pública que le había achacado el juez federal Norberto Oyarbide.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah también confirmó el procesamiento como presunto integrante de la misma asociación de Sebastián Gramajo, otra pieza clave en el financiamiento de la campaña de 2007 y gerente de la ANSES. En este caso, el embargo fue de 350 mil pesos.

La buena noticia para Capaccioli es que el tribunal declaró nulo el procesamiento que Oyarbide había dictado en su contra por presunto lavado de dinero, al igual que con respecto a Gramajo, Hernán Diez -actual director de Lotería Nacional y exmiembro del equipo de recaudadores de campaña- y al empresario Gabriel Brito, de la droguería Global Pharmacy.

Sobre este punto, el expediente será devuelto a Oyarbide para el dictado de un nuevo fallo, según dispuso la Cámara.

Se trata de una de las causas conexas a la «mafia de los medicamentos» en la que Oyarbide investiga un aporte de 310 mil pesos hecho por Brito en nombre de Global Pharmacy a través de cheques que el empresario dijo nunca haber firmado. Brito en su momento acusó a Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y encarcelado desde hace casi dos años en la causa principal, de haber montado ese aporte sin su consentimiento.

Imputación

Capaccioli está acusado de integrar una asociación ilícita destinada a comercializar de manera irregular medicamentos desde 2005 y de defraudar al Estado a través de tramitaciones de subsidios o reintegros de dudosa legalidad a favor de obras sociales sindicales.

Como ya es costumbre en los últimos meses, los camaristas hicieron un nuevo llamado de atención a Oyarbide. Le exigieron que «transite los pasos pertinentes para encaminar las situaciones de quienes cuentan con procesamiento confirmado por la alzada instancia oral». En otras palabras, apurar el trámite para enviar la causa a juicio oral.

En varias ocasiones, la Sala II reprochó al juez una falta de dirección en la instrucción del expediente. Y en sus últimas resoluciones insistió en la necesidad de abrir nuevos legajos y enviarlos a sorteo a otros jueces en lugar de ramificar la causa principal de manera constante.