Reparto de cargos en el consejo de jueces

Ricardo Lorenzetti

Los representantes del Consejo de la Magistratura finalmente llegaron a un acuerdo en la elección de autoridades de comisiones y hoy darán inicio a las actividades de 2009. La apertura se había visto retrasada por una interna entre los consejeros oficialistas, quienes se disputaban la Secretaría de Selección (que maneja el control de las listas de jurados, los concursos y elección de jueces). Sólo un cargo permanece en discusión: la presidencia de la Comisión de Reglamentación, que deberá definirse durante el primer plenario del año.
La demora se debe a que el kirchnerismo no tiene candidato para ocupar la posición; los integrantes que ocupan esa área son, en su mayoría, opositores al oficialismo en el cuerpo. Se afianza así la hipótesis de que los consejeros kirchneristas priorizaron poder de negociación y definición de cargos específicos en las comisiones, por la presidencia y vicepresidencia del cuerpo, ocupadas por el juez Luis María Bunge Campos y el senador radical Ernesto Sanz, respectivamente. El oficialismo, en cambio, tendría el manejo de cuestiones puntuales, en pleno año electoral.
En cuanto al resto de las presidencias, se mantienen como ya se adelantó: la Comisión de Disciplina y Acusación sería presidida por la consejera oficialista (y ex vicepresidenta del cuerpo) Diana Conti, Administración estaría a cargo de Marcelo Fuentes y el titular de Selección sería el consejero académico Mariano Candiotti.
Distancia
Por otro lado, desde el entorno del presidente del Consejo marcaron ayer cierta distancia respecto del discurso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, pronunció el martes pasado para dar apertura al año judicial: anunciaron que la gestión de Bunge Campos «no va a comprometerse en internas políticas ni en las peleas de la Corte con el poder político», y que la idea central es mejorar la imagen del Consejo y de la Justicia en general, frente a la sociedad.
La postura se relaciona con algunas críticas y posiciones distantes respecto del Gobierno, que Lorenzetti había deslizado en su discurso, enfatizando la necesidad de autonomía y presupuesto para que la Justicia mejore su funcionamiento. Señalaron, además, que existe consenso con el máximo tribunal para mejorar los proyectos del Poder Judicial, pero que «el problema es cómo se hace» para acelerar tiempos y mejorar infraestructura. En este sentido, explicaron que el Consejo había librado 120 oficios vinculados con las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar, que habían sido remitidos a la Corte y sobre los que todavía se estaba esperando una respuesta. Los dichos plantean por primera vez cierto alejamiento entre la presidencia de la Magistratura y la Corte, que hasta el momento habían trabajado de manera cercana.