26 de julio 2012 - 00:00

Repsol II: españoles contra pesificación de jubilaciones

Jubilados españoles residentes en la Argentina hicieron causa común para recurrir a la Justicia por la «pesificación» forzosa de las pensiones del Estado español, que recibían en dólares o euros antes de las restricciones al uso de moneda extranjera dispuestas por el Gobierno.

«Hemos recibido más de mil denuncias y seguimos recibiendo muchas nuevas cada día. Todas las pensiones extranjeras pasaron a cobrarse en pesos a partir de julio, una decisión que ha afectado a unas 80.000 personas, en su mayoría españoles e italianos», informó a la agencia EFE el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino.

Hasta hace muy poco tiempo, los beneficiarios de prestaciones procedentes del exterior podían recibirlas en euros o dólares. En el caso de la comunidad española residente en el país, la medida afecta a cerca de 25.000 jubilados y pensionados, tanto de prestaciones contributivas como no contributivas y receptores de ayudas individuales de otro tipo que, en conjunto, reciben unos 50 millones de euros al año.

«Cobraba una pensión de vejez de 570 dólares cada tres meses, y lo poco que podía lo ahorraba, porque si ahorras en pesos llega un día en que no valen nada», explicó Joaquín Ocaña, de 80 años, quien llegó a la Argentina en 1948.

El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad dijo que recurrirán a la Justicia en agosto, tras el receso invernal, y una vez agotada la etapa de consultas a todas las instituciones implicadas.

«Hemos requerido información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central, pero éste nos remite a circulares que ya emitió en su momento», indicó Semino.

El funcionario explicó que la administración estatal justifica su actuación en una directiva que se refiere a la fuga de divisas, pese a que en este caso se trata precisamente de lo contrario, de la entrada de divisas.

Para avanzar en la demanda colectiva, el defensor mantiene contacto con los representantes de las comunidades afectadas, especialmente la italiana y la española, representada por la presidenta del Consejo de Residentes Españoles, Maite Michelón, quien confía en evitar que la medida llegue a convertirse en ley.

«Uno con su dinero hace lo que quiere, y si su país le manda una moneda que la reciba como tal», argumenta Michelón, quien inició una campaña para impulsar una protesta entre los afectados y recolectó por ahora 360 denuncias, que se sumarán a las más de mil que ha recibido de forma directa la Defensoría de la Tercera Edad.

Una de esas denuncias la firmó la andaluza Pilar Prado, que cobra una pensión por viudez trimestral del Estado español por valor de 636 dólares, y considera «un abuso» la decisión del Banco Central argentino.

Agencia EFE

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