El Gobierno, con una demora de más de cuatro años, avanzará con el nuevo proyecto de ley para regular las actividades de las administradoras de riesgos de trabajo (ART), un reclamo que el sector privado consideraba central discutir en las rondas de diálogo. El ámbito donde se debatirá el tema no serán las reuniones propiciadas por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, sino la apertura del Consejo del Salario que tiene como organizador el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada.
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La convocatoria había sido reclamada el lunes por el camionero Hugo Moyano, en su rol de jefe de la CGT oficial, que ayer recibió la llamada personal del propio Tomada. El ministro habló, además, con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, y ambos quedaron citados para la última semana de julio o la primera de agosto para reabrir el Consejo. En este marco, además, se discutirá el incremento del salario mínimo vital y móvil, que será llevado de los actuales $ 1.240 a cerca de los $ 1.500, lo que implica un 20% de incremento. La esperanza oficial es que para esa época las discusiones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los camioneros por las paritarias 2009 estén cerradas, y que se cumpla la máxima de aumentar el salario cuando las negociaciones por los incrementos sectoriales hayan terminado.
La nueva ley de accidentes de trabajo viene demorada desde que Néstor Kirchner es presidente, y debe resolver los montos que las empresas tienen que liquidar cuando alguno de sus trabajadores tenga algún problema o enfermedad derivada de su actividad. La falta de una resolución sobre este tema derivó en un incremento exponencial de la industria del juicio, luego del fallo de la Corte Suprema de 2004, donde se obligaba a las empresas a reajustar el monto indemnizatorio por los accidentes.
La intención oficial es discutir este tema entre los industriales y el resto de los representantes de los sectores privados y la CGT, para coordinar un texto definitivo que luego, con el aval de las discusiones en Trabajo cerradas, sea tratado y obviamente aprobado por el Congreso. La idea del Gobierno es que antes del recambio legislativo de diciembre de 2009 (donde el oficialismo perderá las mayorías), el proyecto ya esté reglamentado.
En las negociaciones, se deberá debatir cuáles serán los topes para las incapacidades parciales, totales y muertes; definir el cálculo del multiplicador del valor mensual del ingreso que se utilizará para liquidar la prestación; el eventual refuerzo del pago mensual por incapacidades y la situación de los accidentes para los trabajadores de más de 60 y 65 años en el caso de la mujer y el hombre.
La intención oficial con este llamado a discutir una nueva ley de ART es despejar las incógnitas entre los privados.
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