Las dos partes acordaron dejar en manos del Congreso unicameral de Honduras la decisión de restituir o no a Zelaya para que cumpla los pocos meses que le quedan a su mandato, pero los legisladores esperan una opinión de la Corte Suprema.
La mayoría de los puntos del acuerdo se basa en una propuesta previa del presidente Oscar Arias, de Costa Rica. El pacto crea un Gobierno de unidad nacional, que se formará el 5 de noviembre, e invita a observadores internacionales a garantizar elecciones libres y soberanas y a crear una comisión de la verdad para investigar los eventos de los últimos meses.
En el acuerdo se pide a los gobiernos del mundo revertir medidas punitivas, como la suspensión de visas humanitarias y de viaje, que se aplicaron para presionar a los líderes golpistas.
No se ha fijado una fecha para que el Congreso decida sobre el retorno de Zelaya, o para que la Corte Suprema dé su posición oficial sobre la legalidad del retorno del destituido presidente al poder. Algunos legisladores dijeron que seguirán la posición de la Corte sobre el tema.
La Corte Suprema ordenó al Ejército sacar a Zelaya del poder en junio y el Congreso designó a Micheletti como presidente de facto. Un funcionario del Poder Judicial, quien pidió no ser identificado, dijo que es poco probable que la Corte Suprema cambie su opinión sobre el magnate izquierdista y que posiblemente diga que es ilegal su retorno al poder.
Zelaya fue separado del poder tras organizar una votación para apoyar un cambio a la Constitución y permitir la criticada reelección presidencial, cargo que él rechaza.
Zelaya dividió a su partido, el Liberal, a raíz de su cercanía con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Micheletti representa a la línea conservadora más dura del Partido Liberal.
El opositor Partido Nacional lidera las encuestas y tendrá el poder político para decidir si vuelve al poder el aún popular Zelaya y ganar el aprecio de la comunidad internacional.
Si el Congreso aprueba el retorno de Zelaya, será la mayor victoria diplomática del presidente estadounidense Barack Obama, quien trata de mejorar sus relaciones con América Latina.
En Washington, la solución a la crisis de Honduras podría destrabar la confirmación en el Senado estadounidense de asuntos clave en América Latina para la administración de Obama y que son bloqueados por republicanos que se oponen al apoyo a Zelaya.
El retorno de Zelaya al poder permitirá que la ayuda internacional vuelva a llegar al empobrecido exportador de café y abrirá las puertas para que observadores internacionales acudan a las elecciones presidenciales de noviembre e impriman al Gobierno electo una muy necesaria legitimidad.
Zelaya retornaría al sillón presidencial con poderes limitados, desde que el acuerdo lo obliga a gobernar en alianza con sus rivales y la ley de elecciones otorga el control del ejército al tribunal electoral.
Si el Congreso no ratifica el más importante de los puntos del acuerdo, se podría considerar como un fracaso no sólo de Estados Unidos sino de gobiernos regionales como el de Brasil, que tomó partido en la crisis al permitir que el derrocado mandatario se aloje en su embajada desde que retornó clandestinamente al país el mes pasado.
El reconocimiento internacional a los resultados de las elecciones quedaría en duda y las protestas a favor de Zelaya se agudizarían. En respuesta, las fuerzas de seguridad, que han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para enfrentar a los manifestantes, podrían retomar los controles.
Los grupos de derechos humanos han documentado abusos por parte del Gobierno de facto, incluyendo muertes, y criticaron con fuerza la decisión de Micheletti de limitar las libertades civiles y sacar del aire a los medios de comunicación de la oposición el mes pasado.
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