La iniciativa, impulsada por la radical Brenda Austin y Silvia Lospennato (PRO) logró despacho la semana pasada en Asuntos Constitucionales.
Brenda Austin y Diego Mestre
La comisión de Justicia de la cámara de Diputados que comanda el radical Diego Mestre (Córdoba) buscará dictaminar mañana el proyecto que desactiva las PASO a quienes sean condenados por delitos relacionados con la corrupción, incluso sin tener sentencia firme.
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El despacho, que logró la semana pasada un despacho de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales, es una conjunción de iniciativas que impulsaron las diputadas Brenda Austin (UCR) y Silvia Lospennato (PRO).
La iniciativa choca, por caso, con la situación actual del re-reelecto senador nacional Carlos Menem, quien aún espera una definición de Casación sobre la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador durante su presidencia.
De hecho, el proyecto se trabaría en el Senado debido a la postura del PJ, que con el expediente Menem advirtió que el freno a una postulación sólo debe darse en caso de una condena firme.
El objetivo del dictamen que tratará mañana la comisión de Justicia es incorporar un inciso -el "h"- al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos para bloquear precandidaturas de condenados por cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; y fraude en perjuicio de la administración pública.
Además, se deja en claro que estarán contemplados "todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción".
Por otra parte, el despacho establece que el freno a postulaciones se extenderá "desde que exista sentencia condenatoria en cualquier instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente".
De esta manera, el "adiós PASO" quedará fijo para quien reciba sentencia -se quitó la posibilidad de agregar a procesados- incluso en primera instancia, aunque con la salvedad de que podrá presentarse quien reciba una revocatoria, por más que ésta fuese apelada a posterior. En ese caso de confirmarse una condena inicialmente revocada, y con un legislador ya electo y en funciones -atravesó con éxito la temporada electoral- se deberá proceder a un desafuero, como indica la Constitución, votado por los dos tercios de los presentes en el recinto.
La semana pasada, Austin explicó durante la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales que la iniciativa "tiene que ver con la consolidación del sistema democrático y con construir un vínculo sano entre el representado y los electores", en consonancia "con lo que plantean los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional, como el pacto de San José de Costa Rica".
Desde el cristinismo, que rechazó ese despacho de mayoría, Nilda Garré apeló a la presunción de inocencia en los procesos penales y dijo que se debe avanzar contra la corrupción "sin avasallar los derechos constitucionales".
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