- ámbito
- Edición Impresa
Revive pelea por reforma Procesal Penal
Alejandra Gils Carbó
El planteo de D´Ales-sandro recayó, al igual que sucediera con las designaciones en enero, en el juzgado del fuero Contencioso Administrativo de Claudia Rodríguez Vidal. El caso revive el conflicto por la instauración del modelo acusatorio, que deberá entrar en vigencia el año próximo y cuya instauración correrá por cuenta de una Comisión Bicameral del Congreso.
Inicialmente, la reforma la aplicaría el Consejo de la Magistratura, pero en la discusión en el Congreso el oficialismo se decidió por la Bicameral como una vía para atenuar futuros planteos contra las atribuciones que el nuevo modelo le otorgaría a la jefa de los fiscales. Una suerte de gentileza casi necesaria luego de que Gils Carbó conociera por televisión la decisión de transferirle la oficina de escuchas judiciales de la SIDE y de que la reforma estableciera una cantidad de nuevos cargos que la procuradora nunca requirió.
Por su parte, el massismo vuelve a recurrir a los avatares judiciales como una vía para recuperar la centralidad perdida. En abril del año pasado la misma maniobra se puso en juego con el proyecto de reforma del Código Penal. La conexión de este espacio con sectores bien definidos de la Justicia es profunda ya desde las funciones que meses atrás cumplieron figuras como Darío Richarte o Juan José López en materia de fundraising (luego ante la debacle de las encuestas se apartaron) o con el fallido de Massa de ofrecerle la vicepresidencia por lo menos a tres integrantes del ministerio público, tal como reveló este diario.
En enero D´Alessandro frenó las designaciones de fiscales en la Cámara de Casación Penal ordinaria, instancia que es decisiva para el oficialismo porque desde allí busca coordinar la implementación de la reforma Procesal Penal. Ese amparo todavía rige, lo cual altera los ánimos de los fiscales de instancias inferiores que al no tener un par ante la Casación deben cumplir el trabajo de los ausentes y se ven desbordados por las audiencias que implica la oralidad de ese fuero. Para colmo, esta anomalía ha generado planteos de nulidad de las partes lo cuál acaba de motivar un pronunciamiento de una de las Salas que evita el desborde de casos.
Los fiscales le han reclamado en diversas ocasiones a D´Alessandro que decline el amparo. El legislador se niega y señala la rivalidad de fiscales de diversas instancias con Gils Carbó. También recuerda que la nueva ley establece el jury para aquellos fiscales que no se atañen a las directivas de la procuración. Pero lo cierto es que D´Alessandro querría dar de baja el amparo y el inconveniente no son los fiscales sino cierta sintonía del abogado con objetivos estratégicos del gobierno porteño.
Mauricio Macri reclama por un traspaso de competencias penales a la Capital y en ese sentido su administración comienza a desplegar una serie de recursos para litigar contra cualquier oficina que se inaugure en el ámbito de la justicia nacional con sede en la Ciudad. Esta táctica no se reduce solo a lo penal. Sucede algo similar con el nuevo fuero de Defensa del Consumidor: el fiscal genera porteño Martín Ocampo ya reclama que esos tribunales estén bajo la órbita de la justicia porteña.
El pasado martes el Pro organizó un encuentro en la Legislatura para tratar el traspaso de competencias. El escenario central fue monopolizado por los jueces federales Ariel Lijo y Claudio Bonadío quienes, en líneas generales, se mostraron entusiastas con el traspaso. Es obvio: ningún juez nacional con asiento en la Capital se subiría a esa postal esencialmente porque en general no desean el traspaso de facultades.
Milton Merlo