Riachuelo: Gobierno pide juicio político

El Gobierno nacional denunció penalmente al juez Luis Armella y pidió al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por «mal desempeño de sus funciones», debido a las irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fue designado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008 como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa «Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo», que ordena medidas protectoras en relación con la contaminación de la cuenca y que encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.

Sin embargo, según un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez.

Según la denuncia presentada ayer, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución, siguiendo las resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado. Las empresas mencionadas en el informe son: San Martín 264, Bernal SA, Gildin SA, Vial Rogo Constructora SA, Tierras Provinciales SA, Compañía Constructora M&T SA y Kartonec SA.

Pese a que algunas de las contrataciones debían hacerse mediante licitación pública, por exceder el presupuesto de $ 2 millones, este paso era omitido por la excepción a partir de las razones de urgencia que esgrimía Armella.