Riachuelo: insiste el auditor contra el juez

Leandro Despouy expuso ayer ante la Corte Suprema un informe crítico sobre irregularidades en las contrataciones realizadas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que conduce Juan José Mussi. Durante su presentación, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) apuntó sobre aquellas empresas presuntamente beneficiadas por las contrataciones abreviadas y sobre la relación con el juez de Quilmes, Luis Armella. Cercano a Ricardo Lorenzetti, una vez más quedó en el centro de la escena.

Despouy explicó que los procesos de licitación fueron abreviados ya que Armella determinaba, mediante sus fallos, razones de urgencia, por lo cual los plazos para elegir a los proveedores de servicios para el saneamiento del Riachuelo eran cortos. Al mismo tiempo, el auditor detalló las responsabilidades que tenía ACUMAR respecto del control del presupuesto.

Mediante una presentación con power point, el auditor general fue detallando la investigación y sus conclusiones. Lo escuchaban los ministros Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Logró el clímax del público cuando informó sobre el vínculo de ACUMAR con la constructora M&T SA. Con su habitual voz pausada explicó cómo esta firma subcontrató a otras de menor volumen. Afirmó que en los registros y en las constancias societarias de estas compañías figuran familiares y allegados a los dueños de M&T.

Se trata del mismo informe que estuvo en riesgo de ser presentado debido a que los representantes del kirchnerismo en la AGN no daban el quórum en los plenarios del organismo para aprobarlos, ya que en el Congreso se objetaba la legalidad de Despouy en el cargo.

Las preguntas de los ministros de la Corte para con Despouy marcaron las preferencias respecto de la orientación de la audiencia. Mientras Lorenzetti consulto sobre objetivos generales y el presupuesto para los mismos, Maqueda fue directamente al punto de las contrataciones irregulares.

También expusieron ayer, con menos emociones, Anselmo Sella (Defensoría del Pueblo) y Abel Marino (CEAMSE). Las especulaciones y los pronósticos ahora quedaron exclusivamente reservados al futuro de Armella, quien no fue convocado a las audiencias. Además -llama la atención de los jueces de la Corte- ningún funcionario del oficialismo lo ha respaldado públicamente, pero tampoco denunciado en el Consejo de la Magistratura.