Rodó cabeza de íntimo de Mujica por hablar de coimas en dragado

• Teléfonos enardecidos entre Buenos Aires y Montevideo, que había negado antes publicaciones

Rodó ayer la primera cabeza en el affaire de la denuncia de presuntas coimas por el dragado de un río fronterizo con el Uruguay: José Mujica le exigió la renuncia a su compañero de luchas tupamaras Julio Baráibar al cargo de embajador itinerante. Este personaje había insistido ayer, contradiciendo a su propio Gobierno, que conocía desde hace dos años la historia de una conversación sobre coimas de un exfuncionario argentino al representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río de la Plata en favor de la empresa que realiza el dragado del canal Martín García.

Esa declaración de Baráibar enloqueció los teléfonos entre Buenos Aires y Montevideo porque contradecía el contenido de una declaración del canciller de Mujica, Luis Almagro, de la semana pasada, que negaba la historia publicada por las revistas uruguayas El Observador y Caras y Caretas. Ese comunicado se conoció el 11 de mayo, apenas se difundió esa trama, y decía que «Ante la información de prensa que da cuenta de un diálogo e intento de soborno, el señor embajador Francisco Bustillo Bonasso niega que tal diálogo y tal intento de soborno hubieran sucedido». Ese mismo día, otro comunicado había dicho: «El Gobierno de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores respaldan en un todo lo actuado e informado por el señor embajador Francisco Bustillo Bonasso y todos los integrantes de la delegación ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y reiteran su más absoluta confianza en la delegación toda».

Pese a eso, Baráibar dijo ayer que Mujica conocía esos hechos que habrían ocurrido hace dos años. Según los dos medios mencionados del Uruguay, en una cena en el Jockey Club de Buenos Aires, el exvicecanciller argentino Roberto García Moritán habría hablado del contrato del dragado del canal Martín García en estos términos: «El exvicecanciller Roberto García Moritán ingresó al salón y su presencia no pasó desapercibida. Unos minutos después se acercó a su mesa Francisco Bustillo, quien hasta unos meses antes se había desempeñado como embajador de Uruguay en la vecina orilla» (Caras y Caretas). La frase que desató este entuerto sería, según la revista, ésta: «Me dijeron estos chicos de Riovia -concesionaria del dragado- que si sale el negocio hay un millón de dólares para vos». Luego de este intercambio Bustillo se habría levantado de la mesa, se vino a Uruguay e informó al Gobierno de lo sucedido.

Complicó todo que el vicecanciller uruguayo Roberto Conde dijera en la tarde de ayer a una radio que existiría «una transmisión oral a un funcionario de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) que dice haber recibido una versión de una persona externa sobre presuntos arreglos, eso cuando la delegación uruguaya lo conoció lo dejó registrado en actas». Ante todo eso el Gobierno argentino abrió un sumario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también encabezado por recortes periodísticos, para aclarar qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad de funcionarios criollos.

El semanario El Observador reclama para sí la primicia sobre este caso, pero sin identificar los nombres, lo que sí hizo Caras y Caretas. Según esa publicación, «el Gobierno uruguayo quería llamar a concurso de precios para sustituir a Riovia, que cobraba u$s 12 millones, ya que la firma holandesa Van Oord ofrecía un precio de u$s 9 millones. El concurso de precios se hizo y fue comunicado a las cuatro firmas que pugnaban por la licitación, al punto que El Observador accedió a esas invitaciones. Pero el concurso de precios se suspendió y se recontrató transitoriamente a Riovía por u$s 15 millones, cuando Uruguay no quería pagar más de u$s 13 millones. Riovia seguirá dragando hasta que la Argentina y Uruguay se pongan de acuerdo en un pliego de licitación, hagan el llamado, se precalifiquen las empresas y se elija a una que sustituirá a Riovía y llevará el canal de 32 a 34 pies».

Esa publicación, pese a los desmentidos, movilizó a los partidos de la oposición de los dos países. En Buenos Aires, los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido hicieron una denuncia encabezada por recortes periodísticos. En Montevideo, los adversarios de José Mujica también reclamaron precisiones y pusieron sobre la mesa, en una reunión con el canciller Luis Almagro, la amenaza de que ese país suspenda el acuerdo de intercambios de información tributaria cerrado con la AFIP de la Argentina.

Las réplicas en el nivel de las cancillerías se precipitaron esta semana. Héctor Timerman reclamó al Uruguay una auditoría de las actuaciones en la licitación del dragado y también amenazó con paralizar el proceso de contratación de otro emprendimiento mucho más grande de limpieza del cauce de los ríos De la Plata y Uruguay porque una de las firmas precalificadas es la controlante de Riovia SA. Eso motivó una respuesta el martes del Uruguay aclarando que esa auditoría se haría, pero advirtió a Buenos Aires del malestar que le causaba una eventual parálisis de esas obras de dragado.

La razón de la molestia de las dos partes es obvia: el Gobierno argentino quiere tomar distancia del caso, aunque haya sido desmentido, porque García Moritán ha sido alto funcionarios de la Cancillería como secretario de Relaciones Exteriores de Rafael Bielsa y ya fue mencionado en la trama de las pasteras de Fray Bentos. Desde hace algunos años está de licencia en su puesto de diplomático y se desempeñó hasta el año pasado como titular del Missile Technology Control Regime, un ente creado espontáneamente por 35 países para restringir la proliferación de misiles con armas de destrucción masiva. Por esa razón, García Moritán ha residido en Nueva York, porque ese ente tiene los auspicios de las Naciones Unidas.

Uruguay tiene como interés primordial, y figura en todas las negociaciones con la Argentina, el dragado de canales en los ríos fronterizos. En el caso del Martín García, la obra es de interés para ampliar las operaciones del puerto de Montevideo llevándolo a 34 metros de profundidad. Si la Argentina objeta esos trabajos la cuestión se dilatará y frustrará la agenda de acuerdos entre los dos países.

También es de interés de Montevideo despejar dudas sobre el protagonista de esta historia, que ha sido desmentida: Bustillo ha sido embajador de su país en Buenos Aires y es investigado hoy por la Justicia en el expediente sobre el uso presuntamente ilegal de patentes diplomáticas.